¿Qué hacer con la CNTE?, se preguntan en el gobierno morenista.
Si hay un grupo intransigente, es precisamente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Alentada desde hace más de 40 años por las entonces izquierdas del país (no había un solo movimiento), la CNTE surgió como oposición al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a quien acusaban de estar al servicio del gobierno y no de las causas magisteriales.
Curiosamente, la CNTE fue creciendo gracias a las movilizaciones que hacían temblar, primero a los gobiernos de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, aunque luego se sumaron Michoacán, y una parte del magisterio del Estado de México.
Su crecimiento les redituó dividendos políticos y económicos.
Políticos, porque fueron llamados por sus patrocinadores para incomodar al gobierno en turno, crear conflictos y tratar de desestabilizarlo.
Sus banderas no son ilegítimas, desde luego, pero obedecen más a convicciones ideológicas que a estudios apegados a la realidad económica del país.
A todos nos gustaría un incremento salarial del 100% y que se eliminaran las evaluaciones y los controles que nos permitieran escalar posiciones solo “porque es una deuda histórica’’.
Eso no es posible.
Ya explicó el gobierno de Claudia Sheinbaum que no hay dinero para pagarles tal aumento (ya les concedieron el 10%) y que no se puede derogar el sistema de cuentas individualizadas para pensionarse, porque eso presionaría (más), las flacas finanzas nacionales.
Esta explicación ha sido presentada a la CNTE con peras y manzanas, en la Secretaría de Gobernación, pero la CNTE no cede.
“De aquí no nos vamos con las manos vacías’’, declaró una líder.
No se sabe qué más pueda ofrecer Sheinbaum, pero cualquier pago que les haga los hará volver por más el año próximo.
Tampoco se sabe quién financia el plantón (víveres, medicamentos, etcétera) que lleva tres semanas y va por más.
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Un escándalo internacional está por reventar y tendrá afectaciones en México, debido a que uno de sus protagonistas es Pemex.
En este espacio le hemos dado cuenta de las demandas legales que la empresa TRESE emprendió en contra de la petrolera mexicana y otras, así como despachos jurídicos que habrían “conspirado armónicamente’’ para llevar a la quiebra a la quejosa.
Los demandados por TRESE son Coastal Contracts Bhd y Coastal a Energy Solution, de Malasia y Singapur, el grupo Nuvoil y sus subsidiarias Sistemas Integrales de Compresión y Alher Oil and Gas, mexicanas. Las instituciones bancarias United Overseas Bank y la mexicana CI banco así como funcionarios de Pemex Exploración y Producción por conducto de la dirección general y su departamento jurídico.
TRESE también señala por lo menos a tres despachos de abogados quienes habrían tejido una red de complicidades con miembros del poder judicial para ocasionarle un perjuicio valuado en 250 millones de dólares.
Dichos fondos, según la parte quejosa, fueron blanqueados en EUA y utilizados para la fabricación de barcos, lanchas y equipos marítimos industriales… en astilleros chinos.
El asunto es que, al dañar gravemente las finanzas de TRESE, perjudicaron también a empresas estadounidenses que eran proveedoras de la quejosa, por lo que el tema llegó al Congreso de EUA.
Para analizar el caso, el Congreso estadounidense nombró a tres expertos en materia legal, económica y seguridad nacional.
La parte legal será llevada por el reconocido abogado internacionalista Eddie Varón Levy, encargado de la materia de derechos humanos de la Barra Americana de Abogados.
Parece que esa será la única forma de resolver un caso que lleva más de 10 años en tribunales y que, sospechosamente, ha sido relegado.
@adriantrejo
