Cinco indígenas tzeltales originarios de San Juan Cancuc, Chiapas, permanecen en prisión preventiva desde 2022, tras ser detenidos por la Guardia Nacional, el Ejército y policías municipales, acusados del homicidio de un agente local. Desde entonces, tanto ellos como sus abogados han sostenido que las acusaciones fueron fabricadas y exigen su liberación inmediata.
Desde el Centro de Reinserción Social número 5, en San Cristóbal de las Casas, los detenidos enviaron una carta en la que agradecen el respaldo de comunidades, organizaciones religiosas y civiles que los han acompañado en su proceso legal. Destacaron especialmente el acompañamiento de los Pueblos Creyentes, la Diócesis de San Cristóbal y distintas parroquias.
Familiares y defensores aseguran que la detención fue ilegal y que los testigos clave no se han presentado a ratificar sus declaraciones, por lo que solicitaron que se revise el expediente completo y se garantice un proceso justo.
“Exigimos nuestra libertad inmediata, somos inocentes”, señalaron en un mensaje en el que acusaron la falta de intérpretes y una defensa adecuada. Diversas organizaciones de derechos humanos han documentado irregularidades, señalando un patrón de criminalización hacia los pueblos indígenas de la región.
