Por Juan R. Hernández
La protesta magisterial frente a la Secretaría de Gobernación este miércoles no solo evidenció la falta de diálogo entre autoridades y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sino también un preocupante desbordamiento de violencia que debe llamar a la reflexión.
Encapuchados identificados con la CETEG intentaron ingresar por la fuerza a la dependencia, lanzaron piedras, petardos, destruyeron mobiliario urbano y agredieron a reporteros. Lo más alarmante, reportaron explosiones con artefactos caseros y cero detenidos.
Aunque la CNTE se deslindó de estos actos y los atribuyó a “infiltrados”, su amenaza de radicalizar las protestas en la capital eleva el riesgo de que los próximos días se repita este escenario de caos. Las causas del magisterio deben atenderse -como hasta ahora lo ha hecho el gobierno federal-, pero los métodos violentos deslegitiman cualquier demanda.
En paralelo, la Ciudad de México avanza en un tema clave: la regulación del transporte por aplicación. Una iniciativa aprobada en comisiones del Congreso local busca establecer nuevas reglas para estas plataformas, que representan ya más del 11% de los viajes en taxi en la capital.
La propuesta —impulsada por Morena, PVEM y PRD— plantea requisitos de identificación, trazabilidad, tarifas claras y protocolos de seguridad, lo que sin duda responde a una necesidad real de orden y garantías para usuarios y conductores.
Mientras unos rompen el orden con violencia, otros intentan construirlo desde el marco legal. La capital necesita diálogo, sí, pero también autoridad que haga cumplir la ley y tome decisiones con visión de futuro. Porque ni las calles deben ser campo de batalla ni la movilidad una jungla digital sin reglas.
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