Una ciudad es verdaderamente democrática cuando la población se mueve, se desplaza con libertad por el espacio físico y político.
En la CDMX estas dimensiones —electoral y del transporte— convergen como resultado del deseo de ejercer derechos y habitar el espacio público con dignidad.
Por primera vez en la historia, jueces y magistrados fueron elegidos por las y los ciudadanos. Trece millones de personas acudimos a votar aun frente al boicot instrumentado por los opositores al movimiento mayoritario del país. La oposición solo pudo realizar una concentración de algo menos de 5 mil personas para manifestar su repudio al proceso. Están en su derecho.
La respuesta a la convocatoria revela madurez política de una ciudadanía que se rehúsa a ser simple espectadora de su destino legal. También demuestra un enorme porcentaje de indiferencia el cual debe obligar a situar en un escenario realista hacia el 2027 si es que las premisas de la plataforma de respaldo social se han modificado o no respecto del proyecto de cambio de régimen el cual cumple ya siete años.
En la capital nacional, donde se registró uno de los porcentajes estatales más altos —14.9— de sufragios, la disposición democrática para uso y usufructo del espacio público se refleja físicamente en la opción de la bicicleta.
La evolución en la cultura de la movilidad no es un asunto de modas ni de estética: es una lucha por el derecho a moverse sin ser atropellado, sin contaminar y como una expresión de justicia social. La bicicleta, de la cual ayer se conmemoró el Día Mundial, no es solo un medio de transporte, es una herramienta de equidad.
En la presentación ayer del Plan Ciclista 2025-2030, desde Chapultepec, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, refrendó esa noción: “la bicicleta es más que un medio de transporte, es un medio de transformación”. Es herramienta política, social y cultural que trastoca las lógicas dominantes del espacio urbano y desafía la hegemonía del automóvil; su presencia masiva obliga a rediseñar calles, a pensar en términos de convivencia y no de velocidad.
Se realizan más de 480 mil viajes diarios en bici en la capital nacional, 71 por ciento más respecto a 2018; 543 kilómetros de ciclovías y la previsión de 300 más para este sexenio.
Esa coincidencia entre el interés por la participación cívico política de los últimos 20 años y el crecimiento del ciclismo urbano no es accidental. Son expresiones de una voluntad de apropiarse sanamente del espacio público.
En Ámsterdam, Copenhague o Bogotá la participación política y la movilidad alternativa van de la mano. La cultura cívica está tan desarrollada que no se concibe una decisión pública sin consulta; la danesa ha hecho del urbanismo peatonal y ciclista una bandera de igualdad, y la colombiana, con su sistema de ciclovías dominicales y TransMilenio, ha demostrado cómo con recursos limitados se democratiza el transporte.
Decidir en política y el derecho a moverse se complementan.
@guerrerochipres
