Por Eduardo López Betancourt
LAS REACCIONES, DIVERSAS
Por primera vez en la historia de nuestro País, se han celebrado comicios para designar ministros, magistrados y jueces a nivel federal, así como juzgadores en el ámbito local de algunas entidades federativas.
Las reacciones han sido diversas: algunas profundamente pesimistas y otras, en especial desde medios oficiales, presumen un éxito sin precedentes. Más allá de estas posturas, lo cierto es que permitir al pueblo elegir a quienes integran el Poder Judicial representa un paso significativo hacia la democratización de una institución fundamental.
Lo que más debe preocuparnos a quienes, eventualmente, podríamos ser juzgados, es que quienes ocupen esos cargos cuenten con la preparación adecuada. Esto implica, en primer lugar, que posean vocación y formación sólidas para desempeñar una tarea tan delicada. Un juez debe mantenerse al margen de las tentaciones que inevitablemente enfrentará particularmente en lo económico, y su actuación debe estar guiada por principios éticos firmes. Ni el poder ni la riqueza deben ser motores de su interés, pues su papel exige entrega y responsabilidad en beneficio de la sociedad.
Además del perfil vocacional, su capacitación debe estar a la altura del reto que implica impartir justicia. No puede aceptarse la mediocridad ni una formación jurídica deficiente. Se debe procurar que los cargos judiciales sean ocupados por profesionales con amplio conocimiento, experiencia, obra escrita reconocida, labor docente destacada y trayectoria intachable.
En este ejercicio electoral inédito, sería deseable que accedieran al Poder Judicial mujeres y hombres sobresalientes que cumplan con estos criterios. De no ser así, será necesario revisar y perfeccionar el mecanismo implementado.
México necesita, con urgencia, jueces brillantes, con formación jurídica del más alto nivel y experiencia en diversas áreas del derecho. La falta de trayectoria convierte a cualquier juzgador en presa fácil de litigantes astutos, algunos carentes de escrúpulos.
Confiamos en obtener resultados positivos. Lo que no puede permitirse es un retroceso en materia de justicia, ya que ello perpetuaría la corrupción que, salvo honrosas excepciones, persiste en los tribunales del país.
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