Las elecciones judiciales tienen buenas y malas noticias. La buena noticia es que la organización electoral sigue funcionando pese a los ajustes y recortes presupuestales. La mala noticia es que no había filas largas en las casillas para votar por la renovación de los jueces.
Una parte fundamental del proceso electoral es fomentar el interés y transmitir a la ciudadanía que ir a la casilla es fácil, que es útil y que incide en su vida de manera directa.
A nadie le conviene un proceso complejo y con baja participación para elegir ningún cargo.
Las cifras oficiales no se conocerán hasta terminar la jornada electoral, pero las imágenes de las casillas y las filas nos hacen pensar que la participación no estará cerca de los promedios en las elecciones presidenciales que mínimo han alcanzado 58.6 por ciento de ciudadanos acudiendo a las urnas o al menos de los procesos intermedios que tienen un mínimo de participación de 41 por ciento.
La elección judicial tuvo muchas innovaciones y ajustes debido tanto a la premura como a los recortes presupuestales. Las casillas instaladas fueron menos, así que el traslado para algunas personas pudo ser un motivo para no acudir.
Pero también tuvo que ver la complejidad de hacer elecciones. Las posibilidades demasiado complejas para marcar en la boleta, el tener que llevar anotaciones sobre el color, el cargo, el tipo de boleta, el número o el nombre de los jueces que se iban a marcar en la casilla.
Y aquí viene mi duda genuina. Si las cifras de participación terminan por confirmar que no hubo una fiebre de votación en las calles, ¿quién terminará decidiendo quién ocupa los puestos para impartir justicia?
La pregunta puede ser interesante porque hay algunas posiciones que de por sí tenían una base electoral pequeña.
Por ejemplo, los jueces en materia administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones cuyas decisiones impactan a nivel nacional estuvieron determinados por las votaciones en 11 alcaldías de Ciudad de México.
Bastante lejos de la población de Baja California o Yucatán a quienes un fallo de estos jueces o las determinaciones que hagan los magistrados de circuito o la instancia siguiente van a repecurtirles.
¿Quién termina decidiendo quién ocupa esos cargos? Y si toda la población del país va a ser afectada o beneficiada por las decisiones que se toman en esos juzgados, ¿por qué no pudimos convencer a la ciudadanía de lo crucial de su voto?
Si las elecciones de este fin de semana son históricas y, como dijeron quienes promovían el proceso, van a marcar una diferencia en la manera de impartir justicia, ¿cómo es que no se logró transmitir esa urgencia para inundar las urnas?
Es un ejercicio que después de esta elección necesitamos analizar y dar soluciones para mejorar lo que se requiera. Porque la participación de la ciudadanía, su interés por las propuestas y su presencia en las urnas es realmente lo que construye la democracia y a nadie nos conviene perderla.
@Micmoya
