Agentes municipales son investigados por abuso de autoridad, pero el gobierno de Romina Contreras rechaza las medidas sugeridas por la CODHEM, alega indolencia.
POR DANIEL ESCOBAR
GRUPO CANTÓN
Policías de Huixquilucan, municipio gobernado desde 2022 por Romina Contreras, enfrentan una causa penal por detener arbitrariamente y golpear a 14 personas, indagatoria que fue reconocida por la propia alcaldesa panista, al justificar por qué su administración decidió no seguir una recomendación en materia de Derechos Humanos.
El propio gobierno de Contreras Carrasco, aceptó que existe una carpeta de investigación por estos hechos que habrían ocurrido el 4 de noviembre de 2022, al no aceptar una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) respecto a estas acusaciones, pues al hacerlo, el ayuntamiento de Huixquilucan se justificó con querer evitar un entorpecimiento al proceso penal contra los elementos policiales, pues estos aún no son declarados judicialmente responsables de algún delito.
“La edil argumentó, en esencia, que la razón principal de la negativa es que los hechos están siendo investigados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; que los elementos policiales que intervinieron no han sido declarados penalmente responsables; por lo que no se puede afirmar que hubo un uso desproporcionado de la fuerza pública”, explica la CODHEM, en la versión pública del expediente sobre la Recomendación 07/2024.
De acuerdo con lo indagado por la Comisión, fueron 14 personas las que sufrieron vulneraciones a sus Derechos Humanos, pues fueron golpeadas y detenidas arbitrariamente por cerca de 50 elementos de seguridad municipales, después de que estos últimos habrían acudido a un predio donde se construía una cerca perimetral.
Los policías les habrían pedido a los constructores que abandonaran la propiedad, sin embargo, estos argumentaron que trabajaban legalmente en la obra. Lo anterior, generó una diputa en la que hubo detonaciones de arma de fuego.
Los hechos se habrían sustentado en videograbaciones y testimonios. Entre otras cuestiones, la recomendación no aceptada por Romina Contreras, consistió en ofrecer a las víctimas, atención psicológica, psiquiátrica y/o tanatológica, y emitir una disculpa pública.
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