La Administración de Donald Trump accedió a repatriar a Estados Unidos a O.C.G., un migrante guatemalteco deportado erróneamente a México en febrero, a pesar de contar con una orden judicial que impedía su expulsión.
La decisión, revelada por abogados del Gobierno en documentos judiciales, marca una excepción frente a la negativa sistemática del Ejecutivo a acatar fallos similares en otros casos.
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Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) trasladaron a México al guatemalteco, quien forma parte de una demanda colectiva contra las deportaciones a terceros países sin audiencia previa, a pesar de que un juez le había concedido protección para evitar su expulsión.
ICE atribuyó la deportación a un “error informático” y alegó que el sistema no registró las razones por las que O.C.G. no debía ser enviado al país vecino. Sin embargo, el tribunal aclaró que nadie le consultó al respecto y que tampoco lograron identificar al agente que, según ICE, lo había entrevistado.
El juez federal Brian Murphy criticó duramente la medida, calificó la deportación como una acción “sin atisbo de debido proceso” y ordenó su retorno inmediato. Actualmente, O.C.G. se esconde en Guatemala, después de sufrir un secuestro y una violación en México, además de recibir amenazas y enfrentar violencia en su país natal debido a su orientación sexual.
Caso migrante icónico
A diferencia de otros migrantes en situaciones similares, el caso de O.C.G. se perfila como el primero en el que la Administración acepta corregir el curso.
Mientras tanto, otros migrantes deportados por error enfrentan el desamparo. Kilmar Abrego García, salvadoreño con 14 años de residencia en Maryland y padre de tres hijos, permanece en el CECOT de El Salvador, pese a que contaba con protección judicial para evitar su expulsión. El gobierno reconoció que su deportación fue un “error administrativo”.
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Lo mismo ocurre con Cristian, un venezolano deportado mientras aún se resolvía su solicitud de asilo, y con Daniel Lozano-Camargo, también venezolano, cuya expulsión violó un acuerdo legal que prohibía su traslado sin resolución de su proceso migratorio.
La administración Trump justificó algunas de estas acciones con argumentos de seguridad nacional o errores operativos, pero los jueces federales cuestionan la falta de transparencia, la mala fe procesal y el desacato de órdenes judiciales.
