La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso, informó que su tarea es garantizar que la elección judicial se lleve a cabo en estricto apego a lo establecido en la Constitución, velando por los principios de igualdad, paridad, transparencia, legalidad y certeza.
La magistrada presidenta junto a la magistrada de la Sala Superior Janine Otálora Malassis dieron la bienvenida a 40 mujeres y 40 hombres de 16 países que conforman la delegación de visitantes extranjeros que observarán el desarrollo de la primera elección de juzgadoras y juzgadores.
Dijo que desde 1990, México ha recibido a miles de personas que han dado seguimiento a las elecciones a través de la figura de visitantes extranjeros, y en esta ocasión, como se ha hecho en comicios anteriores, el TEPJF brindará la información que permita realizar en la labor de observación.
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TEPJF recibió 3 mil 864 impugnaciones contra la elección judicial
Al efectuar un corte de las labores jurisdiccionales de la Sala Superior, la magistrada presidenta del TEPJF informó que se han recibido 3 mil 864 impugnaciones, de las cuales ya fueron resueltas 3 mil 836, es decir el 99.27%.
En tanto, al tomar la palabra, la magistrada electoral Janine Otálora Malassis expuso que la existencia de los tres Poderes de la Unión es esencial en las democracias para garantizar un sistema de contrapesos que prevenga el abuso de poder y proteja los derechos fundamentales de las personas.
En este contexto, añadió, el Poder Judicial no sólo es el guardián de la Constitución, sino que se erige como el protector de los derechos y libertades de la ciudadanía.
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La magistrada Otálora Malassis recordó que existen instrumentos internacionales específicos para el Poder Judicial, como los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial, que, explicó, han sido la base del régimen internacional sobre la independencia judicial. “Estos principios señalan la importancia de contar con una judicatura competente, independiente e imparcial, para que los tribunales puedan desempeñar su papel de defensores del constitucionalismo”.
