Redacción
En la recta final del proceso electoral para elegir a integrantes del Poder Judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum emitió un último llamado a la ciudadanía para acudir a las urnas el próximo domingo 1 de junio. La mandataria expresó confianza en que se alcanzará una participación significativa, pese a los sondeos que anticipan una baja afluencia en las casillas.
Este ejercicio democrático marcará un hecho sin precedentes: será la primera vez que los mexicanos voten directamente para renovar 881 cargos del Poder Judicial, entre ellos los correspondientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En total, más de 99 millones de personas conforman la lista nominal, en un proceso que también incluye elecciones locales en varias entidades.
El contexto en el que se llevará a cabo esta votación ha estado rodeado de controversias. Diversas organizaciones, principalmente vinculadas a Morena, promovieron la entrega de «acordeones» o guías con recomendaciones de voto, lo que generó críticas de consejeros electorales y de opositores, quienes denunciaron que esta práctica atenta contra la equidad de la contienda.
A ello se suman las advertencias de actores nacionales e internacionales que han expresado preocupación por posibles interferencias del crimen organizado, así como por la eventual llegada de perfiles sin experiencia o vinculaciones cuestionables al Poder Judicial.
La elección judicial del domingo tiene su origen en la reforma constitucional aprobada y promulgada el 15 de septiembre de 2024 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con respaldo de Sheinbaum, quien asumió la presidencia el 1 de octubre del mismo año. Las campañas comenzaron el 30 de marzo y concluyeron el 28 de mayo, en un ambiente polarizado y con llamados a garantizar una jornada pacífica y transparente.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó medidas de contención ante diversas irregularidades, entre ellas la suspensión de la distribución de los «acordeones» y el retiro de propaganda ilegal. La autoridad electoral ha insistido en mantener la legalidad del proceso y en garantizar condiciones de equidad para todos los candidatos.
Aunque el llamado presidencial busca movilizar a la ciudadanía, las proyecciones más recientes señalan una participación que podría ubicarse entre el 5% y el 20%, lo que plantea un desafío para la legitimidad de esta inédita elección judicial.
