Redacción
La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno de Donald Trump avanzar con la cancelación de permisos humanitarios para más de medio millón de personas provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La medida elimina una protección legal que había permitido a estos migrantes permanecer en el país, en medio de contextos de crisis humanitaria en sus lugares de origen.
Con esta decisión, las autoridades pueden suspender el estatus temporal sin necesidad de una evaluación individual para cada caso. El proceso, que había sido detenido por un tribunal federal en Boston, seguirá su curso mientras se desarrolla el litigio en instancias inferiores.
El gobierno defendió su postura al señalar que el permiso humanitario se diseñó como una medida transitoria, sin vocación de permanencia, y argumentó que las condiciones en los países de origen justifican el fin de esta política. Según esta visión, mantener activa la protección de forma general comprometería los planes de deportación y complicaría la administración migratoria.
Algunas voces en el poder judicial expresaron su rechazo a la orden. Dos magistradas del máximo tribunal señalaron que esta acción incrementa la vulnerabilidad de cientos de miles de personas que ahora enfrentan un escenario incierto. También se mencionó que la decisión podría generar consecuencias sociales y humanitarias significativas, debido al volumen de migrantes afectados.
Durante su mandato, Trump impulsó una política migratoria centrada en la reducción drástica del número de personas con estatus legal temporal. La administración actual había heredado permisos extendidos bajo un programa que comenzó a utilizarse con más intensidad en los últimos años, el cual exigía patrocinadores financieros y pagos previos al viaje para quienes deseaban ingresar.
Ahora, el futuro de más de 500 mil migrantes dependerá del curso judicial en las cortes federales. Aunque la orden de la Corte Suprema no resuelve el caso de fondo, su impacto inmediato modifica las condiciones de permanencia de los beneficiarios, quienes ya no cuentan con respaldo legal mientras continúa el litigio.
