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12 personas se quedan atrapadas en elevador de la Torre Latinoamericana 12 personas se quedan atrapadas en elevador de la Torre Latinoamericana

La política migratoria de la administración de Donald Trump ha entrado en una nueva fase de presión e intensidad. De acuerdo con fuentes citadas por el medio Axios, Stephen Miller, principal arquitecto del enfoque migratorio del magnate, y Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, encabezaron una reunión en la sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Washington D.C., en la que exigieron que los agentes alcancen una meta de tres mil arrestos diarios.

Esta cifra triplica el promedio registrado al inicio del primer mandato del magnate repulicano y refleja un viraje agresivo: mientras los cruces fronterizos han disminuido, la prioridad ahora se centra en redadas en el interior del país.

Presiones, temores y lealtades

El encuentro del 21 de mayo fue tenso. Según las fuentes citadas por el medio, el tono de Miller fue severo. A diferencia de Noem, quien adoptó un enfoque más consultivo, el asesor fue tajante al demandar resultados inmediatos. Para algunos asistentes, el mensaje fue claro: quien no cumpla con las nuevas cuotas, corre el riesgo de perder su empleo.

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No sería la primera vez que Miller emplea tácticas intimidatorias. Su historial al frente de las políticas migratorias del jefe de la Casa Blanca lo ha caracterizado por exigir incrementos constantes en los arrestos y deportaciones, incluso a costa de la legalidad o viabilidad logística.

Más detenciones con menos fondos

A mediados de mayo, ICE tenía bajo custodia a casi 49 mil personas, una cifra que rebasa con creces los fondos asignados por el Congreso para su alojamiento. A pesar de ello, las deportaciones totales aún no superan los niveles del último año de Joe Biden.

La explicación está en la geografía: las expulsiones en la frontera han caído —ante el descenso de cruces—, pero los arrestos en el interior han aumentado. En respuesta, el Congreso, bajo mayoría republicana, busca la aprobación de un plan presupuestal de largo aliento que busca asignar 147 mil millones de dólares para reforzar estas operaciones en la próxima década.

ICE asume protagonismo

Según datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), ICE superó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en número de arrestos. De representar un tercio de los operativos a finales de 2024, ICE pasó a realizar el 81% de las detenciones migratorias entre febrero y mayo de 2025.

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Este cambio responde, en parte, a un nuevo enfoque en el que ICE se posiciona como la autoridad principal incluso en operativos conjuntos con otras agencias. Entre los detenidos hay solicitantes de asilo, personas con visas estudiantiles, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal y migrantes con libertad condicional humanitaria.

Tribunales: terreno de cacería

Uno de los aspectos más polémicos de esta campaña es el incremento de arrestos en tribunales. Reportes de The Latin Times y AP documentan detenciones sistemáticas afuera de las cortes de inmigración en ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Phoenix.

En estos casos, migrantes que acudían a citas legales fueron capturados tras la desestimación de sus procesos, un cambio radical respecto a prácticas previas que evitaban operativos en espacios judiciales, salvo en situaciones excepcionales.

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La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) ha advertido que estas detenciones incluyen personas sin antecedentes penales, sin defensa legal y en medio de procesos vigentes. La medida, según especialistas, busca acelerar la maquinaria de deportaciones y burlar garantías mínimas.

El gran objetivo: un millón de deportaciones al año

La Casa Blanca ha reiterado que el compromiso del presidente Trump de expulsar a los inmigrantes indocumentados “es serio”, y que se proporcionarán todos los recursos necesarios. En línea con ese discurso, el magnate y su vicepresidente J.D. Vance han anunciado su intención de realizar la operación de deportación más grande en la historia del país: un millón de expulsiones anuales.

Defensores de derechos humanos alertan que, si esta maquinaria recibe más fondos y respaldo, aumentará el número de deportaciones. También crecerá la cifra de ciudadanos y residentes legales detenidos por error.

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