La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) anunció que enviará a 215 observadores electorales para evitar la mayor cantidad de irregularidades durante la elección judicial.
En tanto, la Coparmex destacó que la red cubre el 60.6% de los distritos electorales federales, lo que representa más del 65% del territorio nacional.
La confederación resaltó que prestaron atención atención a entidades como Veracruz y Durango, donde coinciden procesos distintos sin garantías de orden ni claridad. Esta mezcla institucional atenta contraprocesos distintos sin garantías de orden ni claridad.
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“Esta mezcla institucional atenta contra la calidad democrática del proceso genera confusión en el electorado y abre la puerta a múltiples formas de manipulación política. Como antecedente inmediato, en el proceso electoral de 2018, se registraron poco más de 38 mil personas observadoras. Hoy, esa cifra se ha multiplicado de forma inédita: se han presentado 316 mil 498 solicitudes, un incremento del 732.89%.”, externaron.
Destacaron que la vigilancia ciudadana como último bastión democrático ante la desinstitucionalización progresiva que se presencia.
“La participación activa de la sociedad civil es hoy más urgente que nunca. La observación electoral no es un trámite, es una forma de resistencia democrática frente al autoritarismo. Documentar, visibilizar y denunciar las irregularidades del proceso judicial representa el último dique frente a su captura por intereses ajenos a la legalidad”, manifestaron.
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La observación ciudadana que realizamos #Coparmex y organizaciones aliadas es esencial para evidenciar las irregularidades y fallas del proceso electoral judicial.
Escucha la participación de nuestro Presidente Nacional @jsierraalvarez pic.twitter.com/hT9okj3poF
— Coparmex Nacional (@Coparmex) May 29, 2025
La Coparmex pidió que la elección judicial no debe convertirse en un teatro electoral que sirva a propósitos políticos de corto plazo. Lo contrario: lo que está en juego no es solo la legitimidad de los nuevos ministros, jueces y magistrados, sino la capacidad del país de garantizar justicia imparcial para todas las personas.
