La verdad es que los ciudadanos comunes y corrientes esperamos nunca tener que conocer a un juez. Conocerlo en ejercicio de sus funciones solo significa que fallaron muchas etapas anteriores de conciliación u otras vías para resolver un conflicto.
A todos nos debe importar quién es juez, si quienes llegan a los espacios tienen capacidad profesional y cuáles son sus antecedentes. Pero es difícil transmitir esa importancia y la paradoja es que quienes lo saben de primera mano, como las personas en prisión preventiva, no van a poder votar.
La motivación para ir a votar en esta elección es peculiar porque la utilidad de un juez que verá tema de extinción de dominio o temas de telecomunicaciones es, salvo contados casos, algo que nos será ajeno prácticamente toda la vida. Contrario a lo que pasa con los alcaldes, los diputados o las elecciones de la Presidencia donde lo que votamos es mucho más evidente en sus efectos.
La participación en las elecciones obedece un poco esta lógica. Según los registros del INE, cuando hay elecciones presidenciales los promedios de votación van desde el 77 por ciento en la elección de 1994 hasta el 58.6 por ciento en 2006 que fue el más bajo. (En 2024 la participación fue de 59.8 por ciento).
En contraste, en las elecciones intermedias la participación va desde el más alto, 66.1 en 1991; hasta el más bajo que fue de 41.3 en 2003. (En 2021 la participación fue de 51.8 por ciento).
Por eso mi duda genuina viene desde el inicio. Si la intención de la reforma al Poder Judicial era acercar a los jueces y mejorar la justicia, ¿Por qué no se le dio la oportunidad a los primeros interesados?
Me explico: El 10 de febrero de 2025 el Consejo General del INE determinó la inviabilidad de que las personas en prisión preventiva pudieran ejercer su derecho al voto.
Es decir, quienes sí conocen un juez y el impacto que puede tener en su vida no tendrán la oportunidad de opinar y de ejercer ese derecho porque están sin sentencia al interior de una prisión y el INE consideró que no hay condiciones para llevarles el voto.
Según el acuerdo INE/CG64/2025 del INE, se determinó que debido a “las implicaciones técnicas, operativas y financieras que conllevaría el ejercicio del Voto de las personas en prisión preventiva” no había condiciones favorables para que participaran esta vez.
A decir del Consejo General del INE se van a tomar en cuenta las recomendaciones y se hará un esfuerzo para que en las siguientes elecciones del Poder Judicial sí puedan participar las personas en prisión preventiva.
En cada elección uno de los retos más importantes es que se alcance cierto nivel de participación ciudadana. Un promedio por arriba de los 25 puntos porcentuales se considera exitoso. Veremos.
Independientemente del resultado, dejar a las personas en prisión preventiva sin el ejercicio de un derecho es un defecto grave de la elección judicial del domingo. Esperemos que sea el único.
@Micmoya
