Por Juan R. Hernández
La violencia contra servidores públicos no puede pasar inadvertida, y mucho menos quedar impune. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, fue clara: el ataque del pasado 20 de mayo contra su secretaria particular, Ximena Guzmán Cuevas, y su coordinador de asesores, José Muñoz Vega, está siendo investigado a fondo por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía capitalina, con apoyo del Gobierno federal.
En una ciudad como la nuestra, donde los desafíos en seguridad son complejos, se agradece que haya una postura firme y de respaldo a las instituciones. Brugada ha reiterado que se dará seguimiento puntual a las indagatorias. Y aunque se han señalado posibles irregularidades por parte de algunos mandos policiacos que habrían alterado indicios, la mandataria explicó que se trata de una reestructuración general de mandos, en función de la evaluación de los sectores policiales. En paralelo, el acompañamiento a las familias de las víctimas se mantiene.
Pero mientras en el Gobierno capitalino se avanza con responsabilidad, en el Congreso local algunos actores políticos apuestan por el oportunismo. La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, no se anduvo por las ramas al responder al PAN, que exigía una disculpa pública por el problema del agua contaminada en Benito Juárez y Álvaro Obregón. Lo llamó con todas sus letras: politiquería carroñera.
Bravo recordó que el tema fue atendido desde el primer momento en coordinación con el propio alcalde panista, y que se desplegaron más de 900 servidores públicos, se analizaron mil 500 muestras y se entregó agua potable a los afectados. Lo que se busca, denunció, es desviar la atención de los escándalos de corrupción como el del Cártel Inmobiliario, en el que varios exfuncionarios del PAN están implicados.
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