Por Salvador Guerrero Chiprés
La toma de plazas públicas como instrumento de presión no solo convierte el espacio en un territorio permanente de plantón, con afectaciones a la vida económica, turística y social, también bloquea la posibilidad de otras formas de participación ciudadana.
En la democracia, las manifestaciones sociales son derecho y elemento irrenunciable, aunque la protesta debe integrarse en una lógica deliberativa, no sustitutiva del debate. No es lo mismo protestar que tomar por la fuerza el foro de la deliberación democrática más grande del país: el Zócalo de la Ciudad de México, e impedir ejercicios de gobierno abierto como las audiencias ciudadanas.
Abrir el gobierno significa generar mecanismos reales de participación, no simulaciones, y uno de los más potentes es el de las audiencias ciudadanas: espacios donde la autoridad escucha, responde y se compromete.
El acceso directo al poder mediante canales como el Zócalo de Gobierno Ciudadano, implementado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, para la interacción entre servidores públicos y ciudadanía, representa uno de los ejercicios más genuinos de horizontalidad al permitir a quienes están fuera de los aparatos partidistas o corporativos hablar directamente con sus autoridades.
Frente a la imposibilidad de realizar ese ejercicio ciudadano donde tradicionalmente se hacía, por la obstaculización del plantón de la CNTE, la audiencia se desarrolló provisionalmente en el Monumento a la Revolución, otro sitio emblemático de la capital nacional donde se han realizado desde remates de libros hasta la feria del tamal.
El gobierno abierto no puede ser rehén de ninguna causa, por legítima que pretenda parecer. La toma de espacios públicos afecta directamente a la población. Cancelar, dificultar o subordinar las audiencias ciudadanas sabotea el proceso democrático.
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