Este 1 de junio de 2025 marcará un hito para el sistema judicial del Estado de México. Por primera vez, las y los ciudadanos podrán participar en la elección directa de jueces y magistrados, un cambio sin precedentes impulsado por la reforma judicial de 2024. Este avance legislativo no solo responde a una demanda social histórica, sino que también representa un paso firme hacia una democracia más sólida, en la que el pueblo ejerce un papel activo en la construcción de instituciones justas, transparentes y legítimas.
Uno de los principales méritos de esta reforma es que promueve la cercanía de la gente con el Poder Judicial. Durante décadas, la justicia ha sido vista como un poder lejano, inaccesible e incluso opaco. Hoy, gracias a este nuevo modelo electoral, se abre la posibilidad de que la sociedad incida directamente en la configuración del sistema que debe garantizar sus derechos. La justicia dejará de ser vista como inaccesible y se convierte en un ejercicio compartido entre la autoridad y el pueblo.
Votar por candidatos con experiencia y carrera judicial es esencial para asegurar que esta transformación no solo sea simbólica, sino funcional y efectiva. Las y los aspirantes que han hecho su carrera dentro del Poder Judicial conocen el sistema desde dentro: saben cómo opera, comprenden sus debilidades y tienen claridad sobre las prácticas que deben fortalecerse o erradicarse. Esa formación profesional y ese conocimiento práctico los convierte en actores clave para impulsar buenas prácticas judiciales y evitar que la elección popular se convierta en una simple competencia de popularidad.
El profesionalismo también es un pilar de esta nueva etapa. Al priorizar perfiles con trayectoria, ética y compromiso, se fortalece la calidad del servicio judicial. No se trata solo de elegir a quienes “parecen” buenos, sino de confiar en quienes han demostrado con hechos su capacidad para aplicar la ley con justicia, equidad y sensibilidad social. La formación académica, la experiencia en tribunales y el apego a principios constitucionales son garantías de que la impartición de justicia no se verá deteriorada por intereses externos o improvisaciones.
Asimismo, esta reforma responde a una necesidad urgente: acercar el sistema judicial a la realidad cotidiana de las personas. La cercanía de la gente con quienes toman decisiones sobre sus derechos es fundamental para generar confianza institucional. Que los jueces y magistrados provengan del pueblo y respondan al pueblo es una forma poderosa de rendición de cuentas, en la que la legitimidad no se impone desde arriba, sino que se construye desde abajo, con la participación de toda la sociedad.
En este sentido, la reforma judicial de 2024 no solo es un cambio normativo; es una apuesta por una justicia más humana, más participativa y más democrática. Las elecciones judiciales del 1 de junio son una invitación a que todas y todos asumamos nuestro papel como ciudadanos responsables. Participar, informarse y votar con criterio no solo es un derecho, sino un deber con el presente y el futuro del Estado de México.
Porque una democracia verdadera se construye con instituciones que reflejan la voluntad y las necesidades del pueblo. Este 1 de junio de 2025, salgamos a votar por una justicia con experiencia, conocimiento y vocación de servicio. Porque solo así lograremos un sistema judicial a la altura de los desafíos de nuestra sociedad.
