Redacción
Cada año, millones de trabajadores formales en México esperan recibir el pago de utilidades, una prestación establecida en la Ley Federal del Trabajo que protege uno de los derechos laborales más importantes. El reparto de utilidades implica que las empresas compartan con sus empleados una parte de las ganancias netas que obtuvieron durante el ejercicio fiscal anterior.
Para tener derecho a este pago, la empresa debe haber generado utilidades en 2024 y haber declarado ingresos superiores a 300,000 pesos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Además, el trabajador debe haber laborado al menos 60 días durante ese año fiscal en la misma empresa. No tienen derecho a recibir utilidades los directores, administradores, gerentes generales, socios, accionistas, empleados domésticos, trabajadores eventuales con menos de 60 días laborados, ni las nuevas empresas en su primer año o las que desarrollan un producto nuevo durante sus primeros dos años, así como algunas instituciones de asistencia privada o culturales.
El pago de utilidades se debe entregar en fechas específicas según el tipo de patrón. Para las personas morales o empresas, el reparto debe realizarse entre el 1 de abril y el 30 de mayo. En cambio, para personas físicas con actividad empresarial, el pago debe efectuarse entre el 1 de mayo y el 29 de junio. La Ley Federal del Trabajo establece estas fechas y prevé sanciones para quienes no cumplan con esta obligación.
El monto total a repartir equivale al 10% de las utilidades netas declaradas por la empresa ante el SAT en 2024, sumando también las utilidades pendientes de años anteriores si existieran. Este total se divide en dos partes iguales: una se distribuye entre los trabajadores con base en los días laborados durante el año fiscal, y la otra se reparte en proporción al salario que cada empleado recibió en ese mismo periodo. Desde la reforma laboral de 2021, el pago de utilidades tiene un límite que equivale a tres meses de salario o al promedio de las utilidades recibidas en los últimos tres años, lo que resulte más favorable para el trabajador.
En caso de que la empresa no entregue las utilidades dentro del plazo establecido, los trabajadores pueden presentar una denuncia ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), que ofrece asesoría gratuita y puede imponer multas de hasta 481,000 pesos a los empleadores incumplidos. Para facilitar el proceso, es recomendable contar con documentos como el contrato laboral y recibos de nómina que acrediten la relación de trabajo.
Fiscalmente, las utilidades están exentas de impuestos hasta por un monto equivalente a 15 días del salario mínimo general vigente, que para 2025 es de 3,733.95 pesos. Si el pago recibido excede esta cantidad, el excedente estará sujeto a retenciones conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta y la tasa correspondiente al ingreso del trabajador.
