Redacción
Las tensiones entre el gobierno del expresidente Donald Trump y la Universidad de Harvard alcanzaron un nuevo nivel tras conocerse un plan oficial para suprimir contratos federales valuados en cerca de 100 millones de dólares. Las autoridades ordenaron a varias agencias que analizaran sus vínculos contractuales con la universidad y buscaran alternativas para futuras colaboraciones. Esta medida se planteó como una respuesta directa al rechazo de Harvard frente a las demandas políticas del Ejecutivo.
La acción se suma a una cadena de decisiones que redujeron considerablemente el apoyo financiero federal a la universidad, particularmente en el ámbito de la investigación científica. El Ejecutivo ya había suspendido más de 2.600 millones de dólares en subvenciones destinadas a proyectos académicos, mientras se intensificaban los reclamos para que la institución ajustara su modelo de gobernanza y sus criterios de admisión.
Uno de los ejes del conflicto giró en torno a la presencia de estudiantes internacionales. Desde el gobierno se exigió a la universidad la entrega de documentos relacionados con el estatus migratorio, historial disciplinario y cualquier antecedente de comportamiento considerado riesgoso. Aunque Harvard accedió parcialmente a esa solicitud, las autoridades consideraron insuficiente la respuesta e iniciaron procedimientos para revocar su capacidad de inscribir a estudiantes extranjeros. Una intervención judicial logró frenar de forma temporal esa decisión.
En medio de este escenario, surgieron amenazas de redistribuir el financiamiento público que Harvard aún recibía. Desde el gobierno se planteó la posibilidad de transferir miles de millones de dólares hacia escuelas técnicas, aunque sin detallar mecanismos concretos para implementar ese cambio. Además, se cuestionó la supuesta falta de cooperación de la universidad al compartir información sobre su alumnado extranjero.
Los contratos en revisión incluían proyectos de investigación médica, formación para funcionarios públicos y acuerdos académicos con estudiantes de posgrado. A las agencias se les indicó que identificaran proveedores alternativos, salvo en aquellos casos considerados críticos, donde se optó por transiciones graduales.
Las decisiones tomadas provocaron reacciones fuera de Estados Unidos. En Japón, autoridades educativas exploraron posibles mecanismos de apoyo para los estudiantes internacionales que se vieran afectados. La Universidad de Tokio comenzó a estudiar medidas para recibir de manera provisional a algunos alumnos en riesgo de expulsión por las medidas estadounidenses.
El conflicto entre Harvard y el gobierno de Trump se enmarcó en una confrontación más amplia con las instituciones académicas tradicionales del país, acusadas desde el entorno del expresidente de representar intereses políticos contrarios a su administración. La respuesta institucional de la universidad incluyó acciones legales que buscan preservar su autonomía ante las presiones políticas.
