Redacción
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este sábado su rechazo a la iniciativa que discute el Congreso de Estados Unidos para aplicar un impuesto a las remesas que envían los migrantes mexicanos. Durante un evento público en Villa Hidalgo, San Luis Potosí, advirtió que el Gobierno mexicano podría impulsar movilizaciones si la medida avanza.
La propuesta forma parte de un paquete presupuestal impulsado por el expresidente Donald Trump, el cual fue aprobado recientemente por la Cámara de Representantes y enviado al Senado. El plan contempla un gravamen del 3.5% a las remesas enviadas por migrantes, lo que ha desatado preocupación tanto en México como entre comunidades migrantes en EE.UU.
Desde el Gobierno mexicano se ha reiterado la oposición a esta iniciativa, al considerar que representa una carga adicional para quienes trabajan fuera del país y sostienen económicamente a sus familias. De concretarse, la medida afectaría directamente a millones de hogares mexicanos, especialmente aquellos con menores ingresos que dependen de estos envíos.
El Senado mexicano también manifestó su desacuerdo. En un comunicado publicado en mayo, advirtió que el establecimiento de un impuesto a las remesas podría incentivar métodos informales para el envío de dinero, generando riesgos tanto para los remitentes como para los receptores. Además, consideró que se trata de una medida injusta que tendría impactos negativos en la economía de ambos países.
Expertos en temas migratorios han alertado sobre las posibles consecuencias. Según análisis del Centro de Migración y Estabilización Económica, un impuesto de esta naturaleza podría reducir el monto total de las remesas y desincentivar el envío regular de dinero, al tratarse de una medida que penaliza a quienes ya enfrentan condiciones laborales complejas.
Las remesas representan una de las principales fuentes de ingreso para México. De acuerdo con el Banco de México, entre enero y marzo de este año, el país recibió más de 14 mil millones de dólares por este concepto, lo que significó un incremento respecto al mismo periodo del año anterior.
Ante este panorama, el Gobierno mexicano ha comenzado a evaluar posibles acciones en caso de que la propuesta avance en el Congreso estadounidense. Aunque aún no se han definido los mecanismos de respuesta, el tema ha cobrado relevancia tanto en la agenda nacional como en la relación bilateral con Estados Unidos.
