Aspira a la SCJN cómplice de corruptos

Ricardo Sodi ha promovido resoluciones controvertidas como en el asesinato de Octavio Ocaña, estableció redes de corrupción y sus decisiones favorecieron al PRI mexiquense

POR OMAR MONTALVO

Ciudad de México. – Entre los juzgadores más polémicos que hacen campaña como supuestos amigos de la ciudadanía está Ricardo Alfredo Sodi, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero que mientras desempeñó cargos del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el Estado de México, fue parte de decisiones con un sesgo partidista a favor de las administraciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que dominaron en la entidad hasta 2023.

Sodi Cuéllar fue en el gobierno de Alfredo del Mazo (2017-2023) presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJ Edomex) y miembro del Consejo de la Judicatura del Estado de México (CJ Edomex). Durante este tiempo trascendieron resoluciones polémicas gracias a la influencia del juzgador; como en el caso del asesinato del actor Octavio Ocaña, dónde los jueces redujeron la pena de uno de los policías involucrados.

Con el liderazgo de Ricardo Sodi en el Poder Judicial (PJ) mexiquense, se revelaron redes de corrupción para influir en las resoluciones como la venta de sentencias, notificaciones condicionales y utilizar amparos para suspender funciones judiciales. Debido a la cercanía del juzgador con varios políticos del PRI, ha sido señalado como el candidato del Grupo Atlacomulco.

Otros abogados del PJ mexiquense incluso expresaron su disgusto porque fueron obligados a pagar diplomados de 20 mil pesos impartidos por las instituciones judiciales. En estos gastos excesivos también intervino en 2024 el Instituto de Transparencia del Estado de México (INFOEM) que puso en vigencia el uso de hasta 160 millones de pesos ejercidos de manera irregular para la instalación de 95 salas de juicios orales en la entidad, aunque las investigaciones realizadas indicaron que muchos de estos espacios no fueron habilitados.

Mientras Ricardo Sodi fue presidente del TSJ Edomex se detectó que hasta 19 mil 500 personas estaban privadas de su libertad sin recibir un juicio justo como consecuencia de un sistema judicial local lleno de irregularidades.