Genaro García Luna y su esposa, Cristina Pereyra, deberán pagar al Gobierno de México 2 mil 488 millones de dólares por el desvío de recursos cuando el exfuncionario fungía como secretario de Seguridad durante el sexenio del entonces presidente Felipe Calderón.
Este jueves, la Corte del Décimo Primer Circuito Judicial de Miami, Florida en Estados Unidos, determinó por default, que la mano derecha del expresidente Calderon deberá pagar 748 millones de dólares, y su esposa, mil 740 millones de dólares por concepto de indemnización al Gobierno de México.
Según los primeros reportes, la decisión de la Corte se dio en respuesta a la demanda presentada por el Gobierno federal mexicano en el 2021, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
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Luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará las denuncias en contra de los involucrados que conformaron la red de corrupción y lavado de dinero encabezada por Garcia Luna, que abarcó decenas de contratos.
El 9 de febrero de 2023, durante una Mañanera de Andrés Manuel López, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, exhibió la red de 40 empresas a las que Genaro García Luna habría otorgado contratos por casi 750 millones de dólares durante casi 20 años.
Motivo de sentencia
El titular de la UIF destacó que bajo el auspicio de GarcíaLuna, un conglomerado de empresas que operan en varios países obtuvo 30 contratos con varios órganos de seguridad pública en México: “con los cuales se extrajeron recursos públicos por 75.9 millones de dólares y sigue en el examen de otras operaciones y no hemos terminado”.
Gómez Álvarez detalló que transfirieron esos desvíos a paraísos fiscales para comprar bienes muebles e inmuebles en Florida, EU.
De acuerdo con la Ley de Florida, la sentencia equivale a tres veces la cantidad de dinero por la que el Gobierno mexicano los demandó originalmente y es consecuente con 7 resoluciones de culpabilidad ejecutadas previamente en contra de García Luna, su esposa y sus 5 empresas como resultado de su omisión de concurrir al juicio. Ante ello, la UIF informó que el Gobierno de México recuperó 2 millones 801 mil 672.72 dólares.
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Además, tras el vencimiento de una hipoteca concedida por la misma empresa a un tercero, se logró recuperar un monto adicional de 275 mil dólares estadounidenses. Los fondos obtenidos se ingresaron de inmediato a la Tesorería de la Federación, y el inmueble asociado permanece bajo la administración del Gobierno de México, en espera de su venta.
Un total de 8 personas físicas y 39 personas morales, incluidos los socios y supuestos prestanombres de García Luna —los empresarios Mauricio Weinberg López, Jonathan Weinberg Pinto, Sylvia Pinto de Weinberg y Natan Wancier Taub— presentaron la demanda.
