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Inversión extranjera eleva 5.4% en el trimestre: Secretaría de Economía Ataque a colaboradores no significa aumento de inseguridad: Brugada

Redacción

Una corte civil en Miami, Florida, resolvió en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y de su esposa, Cristina Pereyra, al considerarlos responsables de participar en un esquema de contratación irregular durante su gestión en el gobierno mexicano. Como resultado de esta sentencia, García Luna deberá pagar 748 millones de dólares, mientras que Pereyra fue condenada a cubrir mil 740 millones de pesos.

El gobierno mexicano señaló que, bajo la dirección de García Luna, un grupo empresarial ligado a su familia obtuvo 30 contratos con instituciones de seguridad pública del país. A través de estos acuerdos, se desviaron aproximadamente 745.9 millones de dólares en recursos públicos, que posteriormente fueron canalizados al extranjero.

Las autoridades mexicanas identificaron que estos fondos fueron transferidos mediante estructuras financieras opacas, con uso de paraísos fiscales, y posteriormente se destinaron a la compra de bienes y activos en Florida. Este hallazgo motivó al gobierno federal a presentar, en septiembre de 2021, una demanda civil en el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, con el objetivo de recuperar parte del patrimonio adquirido con dinero público.

La sentencia dictada en Miami forma parte de un proceso civil independiente del juicio penal que García Luna enfrenta en Nueva York. En ese caso, fue declarado culpable por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa y condenado a 38 años y cuatro meses de prisión, además de una multa de 2 millones de dólares.

Pese a esta condena, el Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos le concedió una prórroga de cuatro meses para presentar su apelación, en un intento por revertir la decisión del jurado que lo encontró culpable en febrero de 2023.

La Fiscalía General de la República ha informado que los beneficios económicos derivados del esquema de corrupción fueron ocultados a través de mecanismos financieros diseñados para encubrir su origen. Entre los bienes adquiridos con estos recursos se encuentran propiedades y activos en el estado de Florida.

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