La Comisión de Turismo del Congreso capitalino aprobó con modificaciones el dictamen a la iniciativa para reformar la Ley de Turismo de la Ciudad de México, para prevenir la explotación sexual infantil.
La iniciativa presentada por el diputado Víctor Romo (Morena) señala que este problema demanda un enfoque que garantice y proteja a las niñas, niños y adolescentes de la capital.
Se indica que, a pesar de los esfuerzos gubernamentales y privados, como la implementación del Código de Conducta Nacional para la Protección Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Turismo, las disposiciones existentes no han logrado consolidar mecanismos efectivos y obligatorios que involucren a todos los actores del sector turístico, incluyendo hoteles y plataformas digitales de hospedaje.
También te puede interesar: Detienen a chino con 35 cartuchos útiles en la Cuauhtémoc
Al fundamental el dictamen, la presidenta de la Comisión, Luisa Fernanda Ledesma (MC) explicó que este problema demanda un enfoque que garantice la protección de este sector, ya que los casos de trata y explotación infantil han crecido, por lo que es urgente implementar políticas públicas para proteger a las poblaciones más vulnerables.
Avanza reforma para prevenir explotación infantil en el sector turístico
En comisión aprueban modificaciones a la Ley de Turismo de la CDMX para proteger a niñas, niños y adolescentes.
Más detalles aquí https://t.co/UG5i1x1Ju2 pic.twitter.com/Me1IBp0Dgk
— Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) May 19, 2025
Los diputados integrantes coincidieron con los objetivos planteados en la iniciativa, que busca establecer un marco legal que regule y refuerce las medidas administrativas dirigidas a prevenir la explotación infantil, en contextos turísticos, incluida la regulación de transporte turístico.
Se plantea que deben vigilarse estas actividades, capacitar a prestadores de servicios turísticos, a fin de que los actores de la industria turística estén preparados para identificar y denunciar señales de abuso, además de adoptar prácticas que se armonicen con los estándares internacionales de Derechos Humanos.