Aunque faltan aún tres sesiones de los conversatorios sobre la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones, que se desarrollan en el Senado, el gobierno, presentó ayer en la Mañanera su “propuesta’’ de reforma.
Lo hizo a través de José Antonio Peña Merino, “Pepe Merino’’, director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) quien, de aprobarse la iniciativa presidencial, tendría un poder mayor al de un secretario de Estado.
Las “precisiones’’ a la iniciativa que planteó Sheinbaum en abril pasado (ojo, no dijo correcciones), son las siguientes:
Se elimina el controversial artículo 109, mediante el cual se facultaba a la ATDT a solicitar bajar las páginas de internet y las redes sociales si los contenidos no eran del agrado del regulador, o sea, del gobierno.
Este artículo fue duramente criticado por especialistas y legisladores de oposición porque suponía la aplicación en automático de aquellos sitios virtuales y redes sociales que no coincidieran con la narrativa gubernamental.
Otro cambio es que se creará un órgano desconcentrado para tomar decisiones sobre telecomunicaciones y radiodifusión (espacios orbitales, concesiones, conexiones, etcétera), en lugar de que solo una persona (Pepe Merino), decidiera.
Este organismo sería integrado por cinco personas que serían propuestas por el Ejecutivo (Sheinbaum) pero tendrían que ser ratificados por el Senado (Morena).
El tema aquí es que el órgano desconcentrado estaría adscrito a la ATDT, a quien reportaría.
Es decir, no sería un organismo autónomo, sin independencia, como lo era el IFETEL, porque reportaría al gobierno a través de la Agencia.
Se queda el artículo 210, sobre el que había críticas de “censura previa’’, que prohibirá la transmisión de propaganda política o ideológica de gobiernos extranjeros en radio y televisión así como en páginas de internet.
Las modificaciones (o precisiones, pues) dadas a conocer representan un avance, mínimo si se quiere, pero un avance en la defensa de la libre expresión y manifestación de las ideas.
Sin embargo, no deja de ser lastimoso la falta de tacto político al presentarlas cuando faltan tres conversatorios por realizarse y de los cuáles, servirían para recopilar las aportaciones de expertos en el tema para sumarlos a la iniciativa.
Pepe Merino se reunió por la tarde con las bancadas de Morena, el PT y el Verde para tirarles línea; ni siquiera tomó en cuenta a la oposición, que es a la que tendría que convencer.
Como sea, la oferta lanzada desde la Mañanera no convenció a la oposición; ni PRI ni PAN la aceptaron.
El coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya, aseguró que si bien la eliminación del artículo 109 era un avance, “persiste el riesgo de censura en artículos como el 8, fracción 62, que permite suspender las transmisiones (cuando el gobierno quiera)’’.
Anaya también cuestionó el hecho de que se insista en la creación de un registro de usuarios de telefonía móvil “aunque la Corte ya lo declaró inconstitucional en el 2022’’.
El panista dijo que seguirán acudiendo a los conversatorios a pesar de que, aparentemente, todo está decidido.
A ver.
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Ayer se dio a conocer la detención de la expresidenta del poder judicial en Guerrero, cuando ocurrieron los lamentables hechos de Ayotzinapa, en septiembre del 2014.
Casi 11 años después, se ejecutó una orden de aprehensión en contra de Lambertina Galeana Marín, por, según la fiscalía, facilitar la desaparición de los videos de las cámaras de seguridad colocadas en el palacio de gobierno de Iguala.
No se conocía tal acusación, pero resulta gravísima si se sostiene.
@adriantrejo
