En su momento lo dije (porque así lo creí) y lo sigo diciendo y sosteniendo: no hacía falta que el hoy expresidente López Obrador desapareciera algunas de las dependencias que conformaban nuestro sólido entramado institucional. Señalé que sólo era necesario cooptarlas, contaminarlas e infiltrarlas para anularlas. Y así fue. Y el botón de muestra más nítido que tenemos a la mano lo representa el Instituto Nacional Electoral (INE), que con Guadalupe Taddei Zavala (quien pertenece a una de las familias consentidas de El Peje) al frente acabó siendo un ente opaco y entregado a los designios y caprichos del santo patrono de las causas obradoristas.
Y para quien dude de mi aseveración, le sugiero que intente echarle un vistazo a lo que está ocurriendo con respecto a la elección judicial, la cual, por cierto, está a 23 días de distancia de llevarse a cabo. El INE está convertido en una verdadera oficialía de partes de “La Chingada”, Chiapas, olvidándose por completo de su cometido principal, que es el ser un garante irrestricto de la imparcialidad y de la democracia.
En días pasados, en un acto que consideré congruente y honesto de su parte, senadores y diputados le solicitaron al INE cancelar las candidaturas de 26 personas que ellos mismos propusieron y palomearon porque, según su criterio, 18 de ellos no cumplen con el requisito de “buena reputación” y los ocho restantes no llegan al promedio general de calificación mínima en licenciatura, el cual es de ocho.
Sin embargo, el máximo árbitro electoral de esta contienda, a la usanza de Poncio Pilato, prefirió lavarse las manos con el argumento (pueril y simplista) de que no tienen atribuciones constitucionales ni legales para encargarse de esta controversia.
Vaya, vaya, vaya…
Pero eso sí, la mayoría de los consejeros del INE se pusieron de acuerdo para concluir y anunciar que si realizarán una revisión de las pruebas de estos 26 contendientes… pero hasta después de la elección y sólo a quienes hayan resultado ganadores en la votación.
El argumento que presentó la consejera Carla Humphrey, de que esta elección “parte de deficiencias como que el registro de candidaturas se hizo por autoridades que no son especialistas en el tema” es una verdadera ridiculez. Y lo es porque, especialistas o no, a los tres Poderes de la Unión (Ejecutivo, Judicial y Legislativo) se les concedió la atribución de que cada uno pudiera conformar su propio comité de evaluación para seleccionar y palomear a sus perfiles idóneos, por lo que, apelando a la congruencia, resulta más que válido que desde alguno de los tres comités de evaluación pueda surgir alguna corrección que les permita decir “señor árbitro: le dimos una nueva revisada a nuestra lista de aspirantes y nos encontramos con 26 personas que no debieron pasar nuestros filtros. ¿Nos puede ayudar a corregir cancelando sus candidaturas?”.
Pero no, el señor INE dice que sólo sus chicharrones truenan. Qué más da que digan y hagan barbaridades como “no tenemos facultades constitucionales… bueno, sí pero no… pero hasta después de la elección”.
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