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El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) se encuentra bajo la lupa, por una serie de anomalías que comprometen la salud financiera y operativa de la institución. Bajo la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, las auditorías internas han comenzado a destapar una serie de prácticas irregulares que afectan directamente a más de 823 mil derechohabientes.

Desde el nombramiento de Victorino Barrios Dávalos como contralor interno en noviembre de 2024, han salido a la luz contratos innecesarios, medicamentos ocultos, compras con sobreprecio y un sistema de pensiones que incluye a personas que nunca trabajaron en el gobierno.

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Una de las primeras irregularidades detectadas fue la contrataciones externas para funciones que el propio Gobierno estatal podía ejecutar. “Se contrataba un despacho para responderle al SAT, eso debe hacerlo la Procuraduría Fiscal o la Consejería Jurídica”, explicó el contralor.

Entre las quejas reiteradas por usuarios y personal médico del ISSEMyM está el desabasto de medicamentos. La causa no se limitaba a fallas logísticas; en uno de los hospitales se descubrió un cuarto cerrado con fármacos almacenados, sin que nadie tuviera acceso. “Cuando hubo cambio de director, se abrió ese cuarto, y estaba lleno de medicamentos. ¿Se les olvidó? ¿O planeaban robárselo?”, cuestionó Barrios.

Señaló que este hallazgo es alarmante si se toma en cuenta que muchos pacientes con enfermedades crónicas, como VIH, cáncer, diabetes y males cardiovasculares, han protestado por no recibir sus tratamientos completos.

Con la intervención de la Contraloría, dijo, el panorama cambió; el abasto de medicamentos subió de menos de 50 por ciento a un 92 por ciento de cobertura y para ello se reforzaron los controles, se reorganizaron tareas y se designó personal para supervisar las compras.

SISTEMA DE PENSIONES: PRIVILEGIOS HEREDADOS

Otro de los focos rojos está en el sistema de pensiones, pues tan sólo entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, el número de pensionados creció de 85 mil 100 a más de 87 mil personas. Cada mes, el ISSEMyM destina dos mil 100 millones de pesos para cubrir este rubro.

Lo más grave, señaló Barrios Dávalos, es la existencia de pensiones por gracia, otorgadas a personas sin historial laboral en el gobierno, que suman más de 500 casos, muchos de ellos con servicios médicos y montos mensuales sin justificación legal.

“Si le caías bien a un exgobernador, te daban pensión para ti y tu familia”, aseguró el contralor.

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Además, hay pensiones que rebasan el tope legal, como un caso documentado de una persona que recibe 131 mil pesos mensuales tras ganar un juicio, por lo que el funcionario informó que se preparan mesas de revisión para verificar la legalidad de estas resoluciones y calcular su impacto financiero a largo plazo.

CENTROS VACACIONALES ARROJAN PÉRDIDAS

Los centros vacacionales del ISSEMyM en Valle de Bravo y Tonatico son prestaciones recreativas para derechohabientes; sin embargo, su operación arroja pérdidas, pues generan ingresos por ocho millones de pesos al año, pero su mantenimiento cuesta más de 30 millones.

Hasta ahora, no existen estudios de costo-beneficio ni evidencia que respalde su utilidad pública, lo que pone en duda su permanencia.

Lo que ocurre en el ISSEMyM es el reflejo de años de malas prácticas, que han puesto en riesgo la viabilidad de un sistema que debería garantizar salud y seguridad social a los servidores públicos del Estado de México, aseveró. 

 

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