El gobierno de la 4T se encuentra enredado en berenjenal con el caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, convertido en su primer Ayotzinapa.
Mientras que fiscal general, Alejandro Gertz Manero, asegura que los peritajes realizados por el personal a su cargo no encontró evidencia de que el lugar haya sido un crematorio clandestino, por otra parte están las declaraciones del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que hace unas semanas reconoció en una Mañanera que, efectivamente, el rancho había sido utilizado como lugar de reclutamiento, tortura y asesinato de personas llevadas con engaños al sitio.
No se trata de un asunto menor, pues se quiera o no, está en juego la credibilidad de un gobierno que, cuando era oposición, lucró políticamente con la tragedia de Ayotzinapa.
(¿Se acuerda del circo aquel del “pase de lista’’ montado por Epigmenio Ibarra?).
Quienes hoy son gobierno, pusieron en tela de juicio los peritajes de la entonces Procuraduría General de la República, encabezada por Jesús Murillo Karam, presionaron al entonces presidente Peña, a sus secretarios de Seguridad y Gobernación.
El fiscal Alejandro Gertz Manero informó que después de los peritajes realizados por la dependencia a su cargo, no existen pruebas de que en el lugar se hayan cremado cuerpos.
Es cierto que, reconoció el fiscal, el rancho sirvió de lugar de reclutamiento, como dijo García Harfuch, pero no adelantó nada de víctimas mortales ni torturas.
La versión de Gertz tiene todos los elementos para ser creíble, pues más allá de la famosa pila de tenis, zapatos y mochilas y una bolsa de huesos presuntamente humanos (porque todavía no se aclara que lo sean), no hubo mayores descubrimientos ni oficiales ni de los grupos de buscadores.
Aquí el tema será quién de los dos se acerca más a la “verdad histórica’’ morenista, porque al parecer, las reuniones del gabinete de seguridad no han servido para unificar una posición.
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En Palacio Nacional se comenta que la presidenta Claudia Sheinbaum externó su molestia con su equipo por temas que no deberían ser de competencia pero que irremediablemente llegan a las Mañaneras.
El caso concreto es el del delegado del IMSS en Tamaulipas, José Luis Aranza Aguilar, detenido en Ciudad Victoria con un arma sin licencia y, ahora se sabe, 298,000 pesos en efectivo.
Cuando respondió sobre el tema, la Presidenta deslizó la posibilidad de que la evidencia le hubiera sido sembrada al funcionario, pero antier el secretario de Seguridad Pública del estado, Hernando Chávez García, confirmó que el arma y el dinero sí estaban en la camioneta propiedad de Aranza Aguilar.
Mientras corre la investigación, lo más pertinente habría sido separar del cargo al funcionario del IMSS, pero en su lugar se dejó llegar hasta la Presidenta que tuvo que contradecir su discurso de cero impunidad y en detrimento de su credibilidad.
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Grupo Elektra reportó una utilidad neta de 1,865 millones de pesos durante el primer trimestre del 2025, contra la utilidad generada en el mismo periodo del año anterior que fue de 1,721 millones de pesos.
En su reporte trimestral de operaciones, la empresa informó que la utilidad de operación en el periodo de referencia fue de 4,553 millones, 12% arriba de los 4,067 millones reportados en el mismo periodo del 2024.
Los ingresos consolidados crecieron en 16% al pasar de 44,562 millones de pesos en el primer trimestre del año pasado a 51,768 millones en el primer trimestre del año en curso.
Nada mal.
@adriantrejo
