En rueda de prensa integrantes del movimiento Marea Verde hicieron un llamado a las autoridades estatales para exigir la publicación oficial de la reforma de ley antiaborto en Yucatán.
Camila Escalante Martín, integrante del movimiento, señaló que aunque el Congreso del estado aprobó la reforma el pasado 9 de abril, hasta la fecha el gobierno no la ha publicado en el Diario Oficial. Esta omisión impide que entre en vigor y, por ende, limita el acceso efectivo a este derecho para las mujeres gestantes de la entidad.
“Nuestra intención es seguir ejerciendo presión, tanto desde las diputaciones como desde nuestro movimiento,sensibilizando y compartiendo información con la ciudadanía”, explicó.
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Recordó que el Congreso mantiene pendientes otros compromisos relacionados con la agenda de derechos reproductivos, como la reforma constitucional que no fue aprobada debido a la falta de consenso, particularmente por la oposición de diputadas y diputados del PAN y del PVEM.
Antiaborto y más reformas en pausa
Durante el encuentro con medios, se destacó que tampoco ha habido avances en las reformas a la Ley de Salud, planteadas por las diputadas Clara Rosales y Larissa Acosta. “Hasta el momento, no existe información pública sobre su avance en comisiones ni sobre su discusión, a pesar de ser fundamentales para garantizar el acceso efectivo a los servicios de aborto seguro”, anotó.
Escalante Martín también indicó que aunque han tenido contacto con algunos equipos legislativos, no se tiene certeza sobre acciones concretas que realizan diputados.
Asimismo, denunciaron que desde el inicio del proceso legislativo, activistas, colectivas y diputadas impulsoras de la reforma han enfrentado acoso y hostigamiento en redes sociales y espacios públicos.
La también activista Kelly Ramírez Alpuche anotó que ‘estos actos de violencia, muchas veces originados en cuentas falsas o recién creadas, representan una forma de agresión que también exigimos que el Estado atienda’.
Informaron que actualmente se encuentran en proceso de recopilación de datos, para valorar posibles denuncias formales por violencia digital.