La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), de la Fiscalía General de la República (FGR), capacitó a 6 mil 168 personas servidoras públicas de diversas dependencias del Gobierno federal, en el marco de las elecciones del Poder Judicial Federal, en el que se elegirán por el voto a ministros, magistrados y jueces el próximo 1 de junio.
Los trabajos de formación, sensibilización y profesionalización, se desarrollaron en la impartición de contenidos didácticos en modalidades en línea y presencial, como son los cursos de Prevención de los Delitos Electorales y Responsabilidades Administrativas y de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
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En el curso de prevención de delitos electorales y responsabilidades administrativas, capacitaron de febrero hasta la fecha, a 2 mil 776 personas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
En las capacitaciones, conocieron cuáles son los delitos electorales, las faltas administrativas, las responsabilidades y sanciones en materia electoral que son susceptibles de cometer.
Así como los mecanismos de denuncia disponibles en materia penal electoral, en lo que respecta a la capacitación de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, que se realiza con la colaboración del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, participaron 3 mil 392 personas servidoras públicas, quienes recibieron las herramientas teóricas y prácticas para identificar, prevenir y combatir ese tipo de violencia y promover una cultura de igualdad y respeto a los derechos político electorales.
FISEL explica cuáles son los delitos electorales en elección de Poder Judicial
En la plataforma del Sistema de Capacitación Virtual para Servidores Públicos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a los asistentes también les explicaron que son los delitos electorales a impedir por cualquier medio.
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También son delitos electorales contra las mujeres, publicar o divulgar imágenes, mensajes o información privada, que no tenga relación con su vida pública, utilizando estereotipos de género que limiten o menoscaben el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.
A su vez, impedirles su derecho a voz y voto, en el ejercicio del cargo y realizar o distribuir propaganda político electoral que las degrade o denigre, basándose en estereotipos de género, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales.
