Lilia González
Por acuerdo publicado en Gaceta de Gobierno, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó la determinación de crear la Unidad Especial para la investigación de los delitos de despojo.
“Para combatir e inhibir estas conductas delictivas es necesario crear una Unidad Especial que contribuya a la investigación y persecución de los delitos de despojo y contra la seguridad de la propiedad y posesión de inmuebles, que por su peculiaridad y las circunstancias en las que se comete, requiere de una atención especializada”, refiere el acuerdo.
Puntualiza que al frente de la Unidad Especial habrá una persona titular, quien será nombrada y removida por el Fiscal General, y la cual estará adscrita a la Vicefiscalía General y se conformará por agentes del Ministerio Público, agentes de la Policía de Investigación y demás personal operativo y de apoyo necesario para su adecuada operación.
Los asuntos que se encuentren en etapa de investigación inicial por los delitos de despojo, señala, deberán ser remitidos a la nueva unidad para su continuación y debida integración.
A la par, indica que los agentes del Ministerio Público que tengan conocimiento de hechos probablemente constitutivos de delitos se deberán dar inicio a la carpeta de investigación, ordenar los actos de investigación urgentes y las medidas de protección a que haya lugar.
Tratándose de investigaciones con detenido, el agente que conozca del asunto practicará todas las técnicas y actos de investigación conducentes para determinar sobre el ejercicio de la acción penal, una vez resuelta la situación jurídica del imputado por la autoridad jurisdiccional competente, deberá remitir los antecedentes de investigación a la unidad especial.
Para su función, dicha unidad podrá requerir información a autoridades hacendarias, catastrales y registrales de los ámbitos federal, estatal o municipal, y estará facultada para celebrar convenios que permitan el cumplimiento de sus funciones, con previa autorización del Fiscal General.
Dentro de los transitorios se refiere que los casos que ya se encuentren en etapa de investigación deberán ser integrados y continuados en un plazo no mayor a 30 días hábiles.
