Redacción
Diversos tribunales federales en Estados Unidos emitieron resoluciones que limitaron varias de las iniciativas impulsadas por el gobierno del presidente Donald Trump, en temas que abarcan desde la inmigración hasta las políticas educativas y electorales. Las medidas adoptadas por las cortes frenaron temporalmente decisiones clave, mientras el gobierno recurrió a instancias superiores para revertir los fallos.
En materia educativa, varias órdenes judiciales impidieron la entrada en vigor de acciones dirigidas a restringir programas de diversidad, equidad e inclusión. Un tribunal federal en Nueva Hampshire detuvo una directriz que instruía a los centros educativos a eliminar prácticas consideradas discriminatorias bajo esas categorías. Decisiones similares fueron emitidas en Maryland y Washington, D.C., justo antes del vencimiento del plazo que exigía a los estados certificar que no aplicarían políticas DEI consideradas ilegales.
En el ámbito electoral, un tribunal federal impuso límites a modificaciones en el proceso de registro de votantes, al considerar que ciertos elementos de la orden ejecutiva presidencial excedían las facultades del Ejecutivo. La iniciativa buscaba introducir requisitos adicionales para acreditar la ciudadanía. El fallo permitió avanzar con otras disposiciones de la misma orden, pero reafirmó que la regulación de elecciones recae principalmente en el Congreso y los estados.
Respecto a la política migratoria, se impidió al gobierno ejecutar deportaciones amparadas en una legislación poco utilizada del siglo XVIII. En Colorado, una jueza cuestionó la jurisdicción y validez del uso de la llamada Ley de Enemigos Extranjeros. Además, se ordenó facilitar el retorno de personas deportadas indebidamente pese a mantener solicitudes de asilo activas, lo que abrió nuevos frentes judiciales en Maryland y Texas. En este último estado, salió a la luz un documento que evidencia tiempos de respuesta muy reducidos para que los migrantes puedan apelar sus deportaciones.
La situación también se trasladó al terreno presupuestario. En California, un juez federal suspendió temporalmente los intentos del gobierno por retirar fondos a las llamadas “ciudades santuario”, que limitan su colaboración con las autoridades migratorias federales. La resolución apuntó a la inconstitucionalidad de esa medida, mientras se define el fondo de la demanda.
Por otra parte, el gobierno buscó activar nuevamente la prohibición del ingreso de personas transgénero a las fuerzas armadas, al presentar una solicitud ante la Corte Suprema. La política había sido detenida por un tribunal en el estado de Washington, que resolvió a favor de integrantes militares transgénero que permanecen en servicio activo. El gobierno justificó su postura bajo argumentos de disciplina y cohesión militar, mientras el caso avanza en las cortes.
Las acciones judiciales y los recursos interpuestos revelaron un panorama jurídico en movimiento, con decisiones pendientes en diversas cortes de apelación y en la propia Corte Suprema, que podrían redefinir el alcance de las políticas promovidas desde el Ejecutivo.
