El presidente de la Cámara alta, Gerardo Fernández Noroña, informó que el Senado impugnará a los candidatos que han sido señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico y acusó que dichos aspirantes provienen del Poder Judicial.
“Es responsabilidad del Poder Judicial que ese tipo de aspirantes no participaran. Tienen pase directo de entrada por el marco constitucional, pero hay requisitos y si esos requisitos no se cumplen, no deben participar”, y señaló que el Comité del Legislativo no registró incidencias en la selección de aspirantes.
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Asimismo, reiteró que si los candidatos señalados de no cumplir con la probidad “se le pasaron” a uno de los comités evaluadores, se les debe retirar la candidatura.
Ante ello, anunció que la próxima semana el Senado impugnará alrededor de 20 aspirantes a un cargo en los comicios extraordinarios y que, en este momento, el debate con el Instituto Nacional Electoral (INE) es la temporalidad para el retiro de la candidatura: “para él, previo a la elección, para el Instituto, después del proceso”.
“Nosotros decimos: ¿Pero para qué nos esperamos? Si ya sabemos que hay algunas personas que no son idóneas, retirémosla y quitamos ese debate y esa descalificación, o esa legítima preocupación de que haya gente que no es idónea. Me parece que estamos en buen tiempo (…) la próxima semana presentaremos las impugnaciones”.
Precaución en la elección
Pese a lo anterior, el legislador subrayó que no dará los nombres de las candidaturas que impugará el Senado, debido a que se podría interpretar como “un llamado a no votar por ellas”, y aunque reconoció que es una señal de alerta, subrayó que la cantidad es mínima en comparación de los 3 mil aspirantes “pues no pasan de una veintena”.
Incluso, subrayó que, pese a que ya fueron impresas las boletas, y si se retira la candidatura, el nombre ya no tendrá validez.
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Cabe mencionar que, el martes, el propio Noroña reconoció que “se les fueron” algunos candidatos que no cumplieron con el requisito de probidad.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien decida si los candidatos cumplen con los requisitos constitucionales o que están vinculados con el crimen organizado, pueden o no participar en la elección del 1 de junio.
Poca confianza
No obstante, aclaró que, si alguien no cumple con los requisitos constitucionales —ya sea por tener vínculos con la delincuencia o por no alcanzar el promedio de ocho en la licenciatura que exige la Constitución—, las autoridades pueden presentarlo. Desde su punto de vista, y a la espera de lo que decida el Tribunal, se podría aplicar una medida precautoria o incluso descalificarla, aunque ya aparezca en la boleta.
Señaló que para que se impongan estas medidas se tienen que presentar todas las pruebas y reiteró que será el Tribunal Electoral la última instancia para definirlo.
Ayer, el presidente del Senado reconoció que sí han detectado “algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad; me parece que sí hay algunos casos”, denunció.
JUFED señala fracaso de la reforma judicial
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) condenó los dichos del presidente del Senado, las cuales consideraron alarmantes.
“La reforma judicial impulsada por el actual Gobierno federal es inconvencional, ilegal y representa una amenaza directa y real contra la independencia judicial en México y los derechos humanos de las personas”.
A lo que el presidente del senado respondió con sorna y llamó a la organización a ser consecuente con sus dichos y “que denuncien a sus compañeros jueces y juezas que han amparado sistemáticamente y permanentemente a gente del narcotráfico”.
Incluso exhortó a la Asociación a abrir procesos penales contra esos jueces, “muchos de ellos son integrantes de esta Asociación de Magistrados y Jueces, y de esa manera ayudaría mucho a la Nación”.
Y les recomendó exigir al Tribunal Electoral que le retiren las candidaturas, en las que, subrayó, el Senado “no metió las manos”. /Luis Valdés