Redacción
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa ante la Cámara de Diputados con el objetivo de crear una Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos mediante la Digitalización. El proyecto contempla su aplicación en los gobiernos federal, estatales, municipales y en las alcaldías de la Ciudad de México.
Uno de los elementos centrales del documento es la incorporación de la CURP con datos biométricos como identificación oficial nacional. De acuerdo con el artículo 67 de la iniciativa, cuando la CURP incluya estos datos, deberá ser aceptada por cualquier entidad pública o privada como medio de identificación, sin requerir documentos adicionales.
La propuesta también prevé la creación de una llave digital denominada “Llave.MX”, que funcionará como un mecanismo único de autenticación vinculado a la CURP. Este instrumento servirá para ingresar a plataformas digitales del gobierno, facilitando el acceso a servicios y trámites.
En cuanto a la administración y operación de este nuevo sistema, la autoridad nacional será la encargada de emitir el documento de identificación digital, mientras que cada orden de gobierno deberá contar con una autoridad local responsable de la simplificación y digitalización administrativa.
La iniciativa contempla la desaparición de la Ley General de Mejora Regulatoria, vigente desde mayo de 2018, una vez que la nueva legislación entre en vigor. También establece la extinción de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en un plazo de 30 días posteriores a la aprobación.
Aunque la ley no aplicará en áreas fiscales, ministeriales ni militares, sí incluirá obligaciones relacionadas con la simplificación, digitalización y registro de trámites. También establece que cada enero, las instituciones obligadas deberán presentar ante la autoridad correspondiente una agenda con sus propuestas regulatorias para los siguientes 12 meses.
Entre otras disposiciones, se propone el desarrollo de un Portal Ciudadano Único de Trámites, donde las personas podrán consultar todos los requisitos y procedimientos disponibles, con el fin de evitar condiciones no establecidas oficialmente. Además, se contempla la creación de un expediente digital ciudadano con altos estándares de seguridad y trazabilidad.
Quedan exentas del análisis de impacto regulatorio las disposiciones emitidas por el Ejecutivo en materia de seguridad nacional, seguridad pública y fiscal, salvo cuando impliquen nuevas contribuciones.
