El diputado Pablo Vázquez de Movimiento Ciudadano, entregó al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, un nuevo oficio para solicitarle una audiencia y conocer los motivos que tienen detenida la emisión de la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que aumenta el salario a 3 millones de trabajadores de la salud, maestros, policías e integrantes de las Fuerzas Armadas.
Actualmente el salario promedio mensual de los profesores de nivel básico es de 7 mil 750 pesos, el de los policías es de 8 mil pesos, y el de las Fuerzas Armadas es de 9 mil 340 pesos. Con la reforma, el salario de todos estos trabajadores ascendería casi 18 mil pesos mensuales.
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Desde el pasado mes de octubre la reforma constitucional cumplió con todos los requisitos para ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, pues fue aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión y por más de la mitad de los congresos estatales.
Sin embargo, seis meses después, el presidente del Senado de la República no ha hecho la declaratoria de constitucionalidad, lo que tiene detenido el aumento del salario mínimo mensual de los servidores públicos, el cual ascendería a casi 18 mil pesos con la publicación de esta reforma.
Cuartoscuro |
Recuerdan solicitud anterior
Desde el pasado 27 de febrero, el senador Clemente Castañeda y el diputado federal Pablo Vázquez Ahued, de Movimiento Ciudadano, solicitaron mediante oficio a Gerardo Fernández Noroña hacer lo antes posible la declaratoria de constitucionalidad de la reforma.
Los legisladores también le hicieron entrega de al menos 23 oficios de legislaturas de las entidades federativas con sus respectivos votos aprobatorios, suficientes para realizar la mencionada declaratoria de constitucionalidad.
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El 25 de marzo el diputado Pablo Vazquez llevó a Palacio Nacional una carta en donde informó a la Presidenta Claudia Sheinbaum que el presidente del Senado aún no había publicado la reforma.
Hasta el día de hoy, el presidente del Senado no ha aclarado por qué se niega a hacer la declaratoria de constitucionalidad, lo cual contraviene a la propia Constitución y al Reglamento interno de la Cámara Alta.
