La protección de Andrés Manuel López Obrador sobre Francisco Garduño e Ignacio Ovalle prevalece en la actual administración, a pesar de las pruebas en contra de estos exfuncionarios.
Garduño, como director del Instituto Nacional de Migración, tuvo el beneficio inexplicable de que un Tribunal diera carpetazo a la investigación sobre el incendio de un centro de detención en Ciudad Juárez, en el que fallecieron 40 migrantes y 26 resultaron gravemente heridos.
Solo hasta que el Tribunal anunció que no se ejercerá acción penal sobre el funcionario, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el exgobernador de Puebla, Sergio Salomón, quien fue designado sustituto de Garduño en septiembre pasado, asumirá el cargo.
Es decir, Garduño se irá a casa sin carpetas de investigación pendientes, pero cargando la responsabilidad profesional de 40 muertos.
En el caso de Ignacio Ovalle, exdirector de Segalmex, víctima del fraude más grande en el obradorato, más de 15,000 millones de pesos, sigue tan campante a pesar de que el 11 de abril pasado fue detenido Hugo Buentello Carbonell, exsubdirector de operaciones de Liconsa.
Buentello es acusado de haber firmado contratos para la adquisición de leche en polvo que nunca fue entregada, causando un daño patrimonial de 400 millones de pesos a Liconsa, dependiente de Segalmex.
Del caso, solo Buentello y René Gavira, exdirector de Segalmex, se encuentran detenidos, el segundo desde el 2023 y el primero apenas unos días atrás.
Decía López Obrador que los grandes negocios en el gobierno siempre se hacían con el conocimiento del Presidente y aún así, Ovalle fue defendido por el tabasqueño con el pretexto de que “lo chamaquearon’’.
Y el pueblo bueno y sabio, chupándose el dedo.
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Ayer inició operaciones el nuevo organismo denominado Transparencia para el Pueblo, que sustituye al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), declarado constitucionalmente muerto el 31 de marzo pasado.
La novedad es que, pese a que hace un mes ya se había decretado la desaparición del Inai, el nuevo organismo (desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno), no tiene director.
La ley en la materia establece que será responsabilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum designar a quién será el titular del organismo, del cual no se conoce cómo sesionará ni cuándo ni cómo procesará las solicitudes de información que presente el pueblo bueno y sabio.
¿Quién le gusta para asumir la responsabilidad de informar sobre las obras de gobierno sin que anteponga la máxima obradorista de la “seguridad nacional’’ para esconder componendas?
Haga su quiniela.
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En el INE causó sorpresa que el pasado sábado 19 de abril, durante la sesión del Consejo General, la consejera electoral Dania Ravel fuera la única en votar en contra de las reformas internas que permitirán al Instituto fortalecer la vigilancia sobre la transparencia de los partidos políticos.
Ravel cuestionó el procedimiento, aseguró que los proyectos no fueron debidamente socializados y reclamó falta de diálogo con los partidos políticos, a pesar de que ella fue la única ausente en la mesa de Consejerías del jueves 17 de abril, en donde nueve consejeras y consejeros lograron construir consensos clave para avanzar en la reforma.
Su ausencia en ese espacio de deliberación y su posterior rechazo al acuerdo hacen difícil no leer su voto como un acto de inconformidad individual más que como una objeción de fondo.
Mientras la mayoría del Consejo General apostó por el consenso y el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, la consejera Ravel pareció optar por pintar su raya… desde fuera de la mesa.
@adriantrejo
