La presidenta Claudia Sheinbaum tendrá tiempo para reflexionar sobre cargos y personajes de su gabinete legal y ampliado, avalados por ella pero recomendados por su antecesor.
Algunos de ellos, incluso, responden más a los intereses de su exjefe que a los de la mandataria.
Sheinbaum tendrá que decidir qué hacer con los coordinadores parlamentarios de Morena en el Congreso, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, así como con el director del IMSS, Zoé Robledo.
Tendrá tiempo también para ajustar posiciones en Morena pues, se supone, que el partido tendría que estar con ella y con López Obrador, que se ha apropiado del instituto político a través de su hijo Andrés, a quien obedecen más que a la propia Luisa María Alcalde.
En el paquete irán también la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el todavía director en funciones del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, exculpado por un Tribunal de su responsabilidad en la muerte de 40 migrantes, y de todos aquellos personajes que no le suman a su administración, por el contrario, ya constituyen un pasivo tan pesado como la deuda de Pemex.
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Estaban los tomatitos, muy contentitos, cuando llegó Donald Trump, a hacerlos… pulpa.
Eso de que Trump quiere mucho a México no lo dudamos, lo que no sabemos es qué.
Porque eso de imponer un impuesto del 20.9% a los jitomates mexicanos, repercutirá en el campo mexicano y en los consumidores del otro lado.
Desde 2019 los productores de jitomate (tomate, según los estadounidenses), de Florida interpusieron una queja por dumping ¡desde 1996! en contra de los productores mexicanos.
Así comenzó la llamada “guerra de los tomates’’, que tuvo en el 2013 y luego en agosto del 2019, dos episodios relevantes.
El último, en el último año del gobierno de Peña Nieto, en mayo del 2019, el Departamento de Comercio de EU, impuso un arancel del 17.5% a las importaciones del tomate mexicano, pero dicho impuesto no se aplicó pues se alcanzó un acuerdo.
Este consistió en elevar el precio del jitomate mexicano (el orgánico hasta 40% más) y permitir que el 98% de las exportaciones del producto a territorio estadounidense fueran inspeccionadas.
Así íbamos hasta ayer, cuando el mismo Departamento de Comercio rompió el acuerdo (que debió revisarse en septiembre del 2024) y anunció la imposición del arancel del 20.9 por ciento.
México produjo 3.2 millones de toneladas de jitomate el año pasado, de las cuales 1.88 millones fueron exportadas a Estados Unidos, esto es, el 55% de la producción nacional.
Imagínese el daño que este arancel provocará a los productores nacionales y a los trabajadores agrícolas.
Lo bueno es que del otro lado nos quieren (quién sabe cómo).
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Lo mínimo que pueden hacer los legisladores de Morena es avalar la petición de la oposición para que Octavio Romero Oropeza comparezca ante senadores o diputados y explique cómo en seis años pudo quintuplicar (en el mejor de los casos), la deuda de Pemex con sus proveedores.
Cientos, quizá miles de pequeños negocios y medianas empresas proveedores de Pemex están por desaparecer o ya cerraron ante la imposibilidad de cobrar sus facturas.
Solo échele un vistazo a lo que ocurre en Ciudad del Carmen y otros centros petroleros, como Villahermosa, para que se dé cuenta de la tragedia.
Si así como administró Pemex, Romero Oropeza, compadre de López Obrador, va a administrar la constructora que se creará para construir vivienda, ya puede imaginarse los resultados.
Nada más por precaución, Morena debería llamar al hoy director del Infonavit para que explicara cómo le hizo para quitarle los flotadores a Pemex.
@adriantrejo
