Redacción
Este 14 de abril comenzó el censo nacional de viviendas en condición de abandono, ocupadas irregularmente o que presentan algún otro tipo de irregularidad. El objetivo del ejercicio es identificar estos inmuebles para integrarlos a los programas de acceso a vivienda que impulsa el Gobierno de México.
De acuerdo con estimaciones oficiales, el censo abarcará más de 900 mil viviendas en todo el país. La estrategia busca atender los efectos de modelos anteriores de desarrollo urbano y financiero, que privilegiaron la especulación y provocaron la construcción de viviendas en zonas alejadas, con escasos servicios y condiciones habitacionales limitadas.
El Gobierno federal busca revertir este panorama con un nuevo enfoque que prioriza el acceso a viviendas dignas y accesibles. Entre las metas planteadas destaca la construcción de un millón 100 mil viviendas durante el sexenio, con una superficie mínima de 60 metros cuadrados, ubicadas en zonas conectadas con centros de población y sin intereses en los créditos.
La Secretaría de Bienestar coordina el levantamiento del censo en colaboración con el Infonavit y el Fovissste. Este último revisará unas 90 mil viviendas en condiciones similares. Las autoridades han señalado que el proceso no contempla desalojos, sino que se enfocará en ofrecer soluciones para la regularización de quienes habitan en esas condiciones.
El Infonavit reportó que al menos 835 mil viviendas enfrentan problemas derivados de gestiones anteriores, por lo que el censo permitirá conocer su situación actual: si están vandalizadas, deshabitadas o con ocupación irregular.
Como parte del mismo plan, el Fovissste tiene proyectado otorgar 38 mil créditos de vivienda este año. Se estima una inversión cercana a los 37 mil 800 millones de pesos y la generación de más de 228 mil empleos directos e indirectos.
En paralelo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) anunció la ampliación del programa nacional de vivienda. La nueva meta incluye 1.1 millones de viviendas nuevas, 1.55 millones de acciones de mejoramiento y ampliación, y la entrega de un millón de escrituras. Se prevé beneficiar a 13.1 millones de personas y generar una derrama económica de 1.1 billones de pesos, con una inversión directa de 752 mil millones de pesos.
El Estado de México destaca como una de las entidades con mayor intervención. La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) ha identificado 78 predios en proceso de transformación, que suman 232 hectáreas y donde se planea edificar 86 mil viviendas. Hasta el momento, ya se han concretado 50 mil acciones de mejoramiento. La meta estatal para este año es de 100 mil 200 acciones, con un impacto estimado de 387 mil empleos directos y 580 mil empleos indirectos.
Con este conjunto de medidas, el Gobierno busca atender el rezago habitacional con una visión de inclusión, desarrollo urbano sustentable y fortalecimiento económico.
