Solo quedarán cinco sesiones al actual periodo ordinario en el Congreso y se ve difícil que en ese lapso puedan ser discutidas y aprobadas las reformas en materia de desaparición forzada y las iniciativas de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.
La primera fue suspendida por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum a fin de que los colectivos de madres buscadoras aporten sus experiencias para enriquecerla.
Las dos últimas, que estaban listas para su discusión la última semana de marzo en la Cámara de Diputados, fueron bajadas de la sesión respectiva para, según Ricardo Monreal, “la búsqueda de consensos para su aprobación’’.
No se sabe si ya alcanzaron esos “consensos’’, se entiende que con la oposición que de entrada las rechazó por creer que representan un riesgo para la población en general al atribuirle derechos a la Secretaría de Seguridad sobre todos los datos biométricos de cada ciudadano mexicano.
El zacatecano dijo que ambas iniciativas son “instrumentos claves para combatir el delito, influir en la prevención de los delitos de alto impacto, poder tener instrumentos modernos, tecnológicos, digitales, de combate a la delincuencia organizada, al secuestro, a la extorsión”, pero ni siquiera dentro de su propio grupo parlamentario están convencidos de que ello sea cierto.
El consenso pues, sería entre los propios morenistas porque el partido guinda, con el apoyo interesado de sus rémoras, tiene los números suficientes para aprobarlas.
¿Por qué no lo hicieron en su momento? ¿Acaso porque Omar García Harfuch se convertiría en el supersecretario del sexenio y eso no le conviene a ciertos grupos de Morena?
Es pregunta.
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Por cierto, terminando el actual periodo ordinario comenzará la grilla por la sucesión en la presidencia de la mesa directiva del Senado.
Gerardo Fernández Noroña seguirá siendo el presidente hasta el último día de agosto, aunque no haya sesiones en el Senado, solo las de la Comisión Permanente.
Lo interesante del caso es que desde ya comenzaron a formarse los interesados y, pese a que la mayoría en la bancada morenista daba por sentado que la chihuahuense Andrea Chávez la tenía segura casi casi como un paso intermedio para llegar la candidatura por el gobierno de su estado, las cosas han cambiado.
Chávez ha sido víctima de su protagonismo y de su soberbia, por más que se escude en el discurso lopezobradorista de que le han montado una campaña.
“La Jefa’’, como le llaman algunos compañeros de su partido a la senadora (y no es un reconocimiento, que conste), tendrá que competir con otros legisladores con más trayectoria.
Sin embargo, falta conocer aún si Adán Augusto López decide respetar la regla de que la presidencia sea ocupada un año por un hombre y al siguiente por una mujer.
Y, sobre todo, si el tabasqueño “hermano’’ de López Obrador toma en cuenta la opinión de Palacio Nacional.
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¿A poco sí, tan temprano, el cuestionadísimo Rubén Rocha Moya le está limpiando el camino a su compadre Enrique Inzunza para que lo sustituya en el cargo?
Eso porque la procuradora estatal, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó el sábado anterior, que la dependencia a su cargo inició una investigación en contra de Gerardo Vargas Landeros, alcalde de Ahome, por el presunto delito de ejercicio indebido de la función pública por el arrendamiento de 126 patrullas por más de 171 millones de pesos.
Vargas Landeros es uno de los principales aspirantes a la candidatura al gobierno estatal por Morena.
@adriantrejo
