Tras meses de defender al Poder Judicial, hoy la JUFED denunció que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) “viola derechos” de juzgadores.
Este jueves, mediante un comunicado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) arremetió por primera vez en contra del órgano que encabeza la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, y le reclamó el pagó a los juzgadores que renunciaron desde 2024, previo al proceso electoral judicial.
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“En una nueva violación de derechos, el Estado Mexicano por conducto de sus instituciones, entre ellas este Consejo de la Judicatura Federal, ha incumplido con el pago extraordinario a los juzgadores que ya se han separado con motivo de la reforma y lo han solicitado, lo que implica una reiteración a la transgresión de los derechos fundamentales de las personas titulares”, acusó.
Incluso, eleva el tono y le exigen al órgano que encabeza Piña Hernández que pague de inmediato los recursos comprometidos o, en su caso “se de la razón que funde y motive dicha imposibilidad para realizar el pago correspondiente, a efecto de que esta Asociación pueda determinar lo procedente”.
Foto: CJF | La JUFED denunció que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) “viola derechos” de juzgadores.
JUFED acusa que recursos de fideicomisos de Nacional Financiera se transfirieron a la Federación
El reproche de la Asociación, una de las principales opositoras a la reforma judicial, y defensora de la Judicatura y la actual conformación de la Corte, se da en el contexto de que Nacional Financiera transfirió a la Federación los recursos de los fideicomisos que operaba el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Lo anterior fue dado a conocer por la propia Judicatura en un comunicado difundido este jueves; el órgano judicial acusó que “fue sin su consentimiento”.
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Apenas en enero, la Asociación esgrimía una intensa defensa de la Judicatura. En un comunicado del 21 de ese mes acusaba al Gobierno de “asfixiar” al Consejo con el presupuesto asignado.
“La JUFED denuncia enérgicamente la estrategia de asfixia presupuestal planeada y operada por los poderes Legislativo y Ejecutivo, para recortar en más de 13 mil millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Esto afecta directamente la operatividad de los juzgados y tribunales federales y, por ende, el acceso de los ciudadanos que buscan la protección de sus derechos”.
“Con un presupuesto aprobado de apenas 62 mil millones de pesos para el ejercicio 2025, se ha dejado al PJF en una situación crítica al reducir en un 17.1% los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento adecuado de los tribunales. Este recorte se traduce en menor personal, recursos insuficientes y la imposibilidad de atender con eficiencia los casos judiciales”, acusaba en ese entonces.
