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No tenga ninguna duda: Morena ha expropiado los órganos electorales con lo que se terminó la era de un “INE (antes IFE) ciudadanizado’’.

 

El partido del Gobierno impuso su mayoría para avalar una lista de 56 magistrados electorales que serán los responsables de atender las quejas de candidatos y partidos en futuras elecciones.

 

¿A quién cree que le deberán lealtad? ¿A la ley que ayer juraron cumplir y a sus padrinos políticos que hicieron lo impensable para que llegaran a ocupar esos cargos?

 

La oposición en el Senado adelantó que cuando menos el 80% de los personajes que figuraron en la lista tenían nexos con Morena; algunos, incluso, eran funcionarios del partido, contraviniendo lo que expresamente impedía la ley.

 

Los nuevos magis-guindas serán los responsables de impartir justicia (es un decir) en 30 entidades del país, lo que supone también una montaña en el carretera de la democracia.

 

Sume a lo anterior que, tal y como lo anticipamos ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio manos libres al gobierno (dice eufemísticamente “servidores públicos’’) para que utilice recursos públicos para la promoción del show denominado elección del nuevo poder judicial del bienestar.

 

Los votos fueron de la triada cuyos fallos recientes mayoritariamente han favorecido a Morena: Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes.

 

Janine Otálora y Reyes Rodríguez votaron en contra.

 

La decisión mayoritaria abre la puerta para que, a partir de hoy, los funcionarios morenistas, del Verde y del PT, puedan hacer campañas supuestamente de promoción, sin sesgos partidistas (ajá), solamente con fines formativos e informativos (ajá X 2), y con recursos públicos que “constitucionalmente estén etiquetados para comunicación social’’.

 

Lo que no quedó claro son las sanciones a las que dichos servidores públicos se harán acreedores si no respetan esas restricciones.

 

¿Quién vigilará que se cumplan?

 

El INE, cuya presidenta, Guadalupe Taddei, estuvo en contra de que se prohibiera que el gobierno participara en la promoción de la elección del nuevo poder judicial y a quien Morena le hizo el regalazo de eliminar la colegialidad en la toma de decisiones cruciales para el Instituto.

 

En los hechos, las elecciones ya no serán organizadas ni supervisadas por órganos ciudadanos autónomos, sino por autómatas a las órdenes de quienes les impusieron el cargo.

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Alguien debería decirle a la senadora Andrea Chávez que su soberbia no le traerá buenas consecuencias.

 

Ayer declaró que quitaría sus fotografías de las unidades de salud con las que lleva meses de autopromoción anticipada si eso “calma a los pitufos de la aldea’’.

 

Pero, en su intención de ser sarcástica, olvidó que fue la propia presidenta Claudia Sheinbaum quien dijo que enviará una carta a la dirigencia de Morena para que se establecieran reglas claras y nadie se promocionara con anticipación.

 

Quién sabe qué le da autoridad hasta para controvertir una disposición de la primer morenista del país.

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Ayer por cierto, el Tribunal Electoral confirmó la decisión del INE de rechazar las impugnaciones que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum en contra del PRI y de su dirigente Alejandro Moreno, mediante las cuales solicitaba que se bajaran los spots de radio y televisión en los que el tricolor pedía el nombramiento de un zar antidrogas.

 

Sheinbaum alegó que dichos spots tenían “la intención de desacreditar las acciones del gobierno que encabeza’’ y “difundir información falsa con impacto en los procesos electorales en curso’’.

 

Para ello invocó la comisión de dos posibles delitos, denigración de las instituciones y calumnia.

 

El primero no existe y el segundo no se acreditó.

 

     @adriantrejo

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