Apoyo. Vecinos aseguraron que ella hace labor social, ayuda a familias vulnerables y no es una delincuente
En una audiencia celebrada en la sala número 4 del centro de justicia de Chalco, Estado de México, se concedió un receso procesal por la juez del caso que se sigue contra Carlota N, así como de sus hijos Mariana N y Eduardo N por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.
Uno de los elementos que dio pie a esta determinación fue el estado de salud mental de Mariana N, hija de Carlota, pues de acuerdo con dictámenes emitidos por dos peritos en psiquiatría del Poder Judicial del Edomex (PJEM), la joven presenta un trastorno.
Sin embargo, los especialistas determinaron que esta condición no le impide comprender la naturaleza de sus actos ni el desarrollo del proceso penal en su contra, por lo que se le considera imputable conforme a la ley.
Carlota N pidió que su hijo Arturo Santana Alfaro, exdiputado del PRD, la asistiera durante la audiencia, pues al ser una adulta mayor se le permite que alguien de su confianza responda dudas o información que ella no comprenda.
Arturo Santana aseguró: “Mi madre sólo defendía su derecho. Ella está aquí, mientras los verdaderos delincuentes gozan de su libertad”, indicó.
La defensa solicitó al juez se le permita a la mujer enfrentar el proceso fuera del penal. Se espera que el PJEM fije en los próximos días una nueva fecha para la reanudación de las audiencias.
APOYO VECINAL
Un grupo de vecinos se manifestó, desde temprana hora, afuera del penal de Chalco para mostrar su respaldo a la mujer de 74 años, con pancartas en mano y consignas como “¡Justicia para Carlota!” y “¡No está sola!”.
Según los asistentes, Carlota N es una mujer conocida en la comunidad por su labor social y apoyo a familias vulnerables, por lo que aseguran que las acusaciones en su contra son injustas.
“Ella siempre ha ayudado a la gente, no es una delincuente como la quieren pintar”, expresó una de las vecinas durante la protesta. Otros afirmaron que confían en que el juez valore las pruebas con imparcialidad y que no se le criminalice sin fundamentos sólidos.
