La alcaldesa de Cuauhtémoc, no incluyó en su declaración patrimonial su participación en al menos cuatro empresas, a pesar de haber afirmado no estar involucrada en ninguna
OMAR MONTALVO
CIUDAD DE MÉXICO.- Entre los políticos que empiezan a consolidarse como parte de una generación joven de mandatarios, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, ha declarado que no tendrá prácticas de la vieja política, pero en sus distintas declaraciones patrimoniales ha omitido información sobre su participación en empresas, una acción considerada como falta administrativa de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.
En la declaración patrimonial que Rojo de la Vega Piccolo presentó ante la Secretaría de la Contraloría General local (SCG CDMX) como parte de su inicio en el cargo de alcaldesa de Cuauhtémoc, únicamente reportó sus ingresos y cuentas bancarias. Señaló no contar con bienes inmuebles y vehículos. Además, declaró no participar en empresas.
Sin embargo, en el Registro Público de Comercio (RPC) de la Secretaría de Economía, relaciona el nombre de la alcaldesa como una socia o fundadora de al menos cuatro compañías. La primera empresa que constituyó la titular de Cuauhtémoc se llama UPME S.A. de C.V. y data de 2014, mientras era la encargada de gestionar las relaciones públicas y manejo de medios del expresidente Enrique Peña Nieto.
La empresa Elisale Medios Digitales S.A. de C.V. fue constituida en 2017 por la actual alcaldesa junto con Roberta Burns Salinas y Elisa Salinas, presunta familiar del empresario Ricardo Salinas Pliego, controvertido por la falta de pago de impuestos.
El RPC también señala que Alessandra, desde 2018 es fundadora de la compañía De la Vega Suplementos Alimenticios, como una empresa familiar de la cual es copropietaria junto con su hermana Nunzia Lucila. La última empresa, también familiar, El Paraíso de las Proteínas, fue registrada en 2024.
Esta no es la primera ocasión en que no declara su participación en empresas, pues cuando fue diputada en el Congreso de la capital 2018-2021, omitió esta información. Estos actos son faltas administrativas que de investigarse por las autoridades, pueden derivar en multas económicas, la inhabilitación temporal para desempeñar cargos públicos, e incluso suspensión y/o destitución del cargo.
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