“No somos enemigos”, afirmó Indira Navarro quien señaló que quieren trabajar de la mano con las autoridades en la búsqueda de sus familiares
JUAN R. HERNÁNDEZ
Ciudad de México.- En un encuentro que marca el inicio de una nueva etapa en la política de búsqueda de personas desaparecidas, la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, sostuvo la primera mesa de diálogo con colectivos de familiares, donde afirmó que para el gobierno de Claudia Sheinbaum este tema es “prioridad de Estado”, además, reconoció que no se cuentan con datos oficiales sobre las personas no localizadas.
Parte de esta razón es que hay inconsistencias en los registros, por lo que pidió que las investigaciones que se realicen, revelen datos adecuados, con un padrón real.
El acto contó con la participación de Indira Navarro, líder del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco -responsable del hallazgo del Rancho Izaguirre-, quien enfatizó: “No somos enemigos del gobierno, queremos caminar de la mano”.
Rodríguez Velázquez transmitió el mensaje claro de la presidenta Sheinbaum: todas las dependencias federales deben atender esta crisis humanitaria como asunto prioritario.
“Reconocemos plenamente a las personas desaparecidas como víctimas y garantizamos su derecho a participar activamente en las acciones de búsqueda”, declaró la titular de Segob. Este compromiso incluye el acceso a información completa sobre las investigaciones y operativos.
Esta tarde concluimos el primer diálogo con familiares de personas desaparecidas. Agradecemos su confianza y apertura para juntos avanzar en este tema de tanta relevancia para nuestro país. @Claudiashein @GuerrerosJalisc @arturomedinap pic.twitter.com/QWLMNr8dhQ
— Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) April 8, 2025
El diálogo, que continuará los días 18, 19, 21 y 22 de abril, busca establecer mecanismos de colaboración efectiva entre autoridades y colectivos.
Navarro recordó el emblemático caso del Rancho Izaguirre -descubierto el 5 de marzo en Teuchitlán, Jalisco-, donde encontraron prendas de vestir y evidencias de cremaciones, sitio que la oposición calificó como “campo de exterminio“.
Tras la polémica por el manejo inicial del caso por la Fiscalía de Jalisco, la FGR asumió la investigación, revelando que el lugar funcionaba como campo de entrenamiento del crimen organizado.
Este encuentro representa un punto de inflexión en la relación entre el Estado y los colectivos de búsqueda, tras años de tensiones. Mientras el gobierno enfatiza su compromiso con la justicia transicional, las familias exigen acciones concretas que aceleren la localización de sus seres queridos y el castigo a los responsables.
Las mesas de trabajo buscan traducir los reclamos históricos de los colectivos en políticas públicas efectivas, en un contexto donde México acumula más de 100,000 desaparecidos según datos extraoficiales.
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