La incertidumbre puede tener su lado amable. La presión de Estados Unidos en ciertos sectores abre la puerta para revisar lo que está vigente en México. Las exigencias de nuestro vecino generan una oportunidad clara para mejorar condiciones que difícilmente tendrían un ajuste de otro modo.
En específico me refiero al tema laboral. Con la negociación del Tratado de Libre Comercio, se abre una ventana específica sobre los derechos humanos laborales en la revisión del capítulo 23.
Algunos de los reclamos de Estados Unidos y Canadá son las condiciones laborales desventajosas que hay en México, lo que abarata costos, pero viola derechos. No es que la situación en los otros países sea la panacea, pero en México debemos repensar ciertas prácticas.
Un grupo de expertos reunidos en la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil por los Derechos Humanos Laborales en la revisión del T-MEC —conformada por organizaciones de la sociedad civil, colectivos, sindicatos y expertos en derechos laborales— hicieron un diagnóstico enfocándose en promover que la revisión de ese capítulo fortalezca las condiciones laborales dignas.
Al revisar el diagnóstico, las cifras no son precisamente festivas. Para revisar las condiciones de los trabajadores en México, los recursos son más bien pocos desde el gobierno y las consecuencias son millones de personas en malas condiciones de empleo.
Hay un promedio de 1.1 personas inspectoras por cada 100 mil personas ocupadas, lo que deriva en falta de especialización para las supervisiones y evidentemente una carga de trabajo por encima de lo humanamente posible.
Un ejemplo que resalta particularmente es el que tiene que ver con el sector agrícola. Según el diagnóstico, en este ramo trabajan al menos 3 millones de personas y la mayoría no tiene contratos, acceso a seguridad social, salarios bajos o jornadas. La informalidad afecta al 85.6 por ciento de las personas trabajadoras. En Guerrero, la cifra alcanza el 93.8 por ciento.
Los supervisores podrían señalar deficiencias, pero difícilmente tienen la capacidad de remediarlas todas.
Por ello, las malas condiciones para los trabajadores del campo se normalizan y únicamente parecen un tema importante cuando obstaculizan las relaciones comerciales con otros países.
El problema es que las opciones de mejorar por otra vía no se ven demasiado claras. Las organizaciones sindicales en México no necesariamente son un éxito rotundo. Para empezar, no cubren a todos los trabajadores en el país. Al día de hoy existen 5,119,951 personas sindicalizadas, que representan apenas el 22% de los trabajadores asalariados.
Según el estudio, estas cifras no toman en cuenta a los trabajadores informales que representan al 54.6% de las personas trabajadoras.
Y aquí la duda genuina: ¿cómo hacemos para que quienes velan por cuidar los derechos laborales tengan los suyos garantizados para empezar?
@Micmoya
