México y Canadá no fueron objeto del arancel general del 10%, impuesto por Donald Trump como “piso’’ a todos los países con los que Estados Unidos comercia, lo que fue interpretado como una victoria contundente del gobierno mexicano.
De hecho, Trump sólo respetó (a medias), los términos del T-MEC pues si bien no se aplicó de manera generalizado el impuesto a los productos de exportación que figuran en la lista del acuerdo comercial, sí mantuvo los impuestos del 25% decretados para el acero, el aluminio y los vehículos y partes automotrices fabricados en nuestro país y Canadá, que son enviados a Estados Unidos.
Hay, sin embargo, una posibilidad de que los impuestos a la industria automotriz, que sí está dentro del T-MEC, tengan una reducción que dependerá del porcentaje de autopartes estadounidenses que contengan los vehículos terminados en México y Canadá.
La situación no ha dejado de ser compleja, pues en términos prácticos, solo el 49.7% de los productos de exportación nacionales se benefician de la tasa cero del tratado comercial.
El resto de los productos, 50.3%, sí son sujetos de aranceles.
Lo que el gobierno mexicano tendría que explicar son los alcances de la decisión de Trump, sujeta aún al cumplimiento de sus demandas en materia de migración y fentanilo, y cómo se afectarán las industrias que sí tendrán un arancel del 25 por ciento.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que hoy presentaría el plan de respuesta de su gobierno.
No esperemos sorpresas.
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La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, ganó la primera batalla a los Yunes y a su patrocinador, Adán Augusto López, empeñados en hacerle contrapeso político.
Ayer, Morena anunció que declinaba aceptar la solicitud de afiliación de Miguel Yunes Márquez porque “aún mantenía su militancia’’ panista, a pesar de que está sujeto a un proceso de expulsión por su traición al partido.
Ojo, no le negaron el registro por sus trapacerías, sino porque “seguía siendo panista’’.
El caso es que la dirección de Morena aprovechó el pretexto y le comunicó al senador ambivalente que le negarían la afiliación, lo que el veracruzano aprovechó para salir, horas antes del anuncio oficial, a declarar que había retirado su petición de pertenencia a Morena.
No será morenista de número, pero dice que sí de corazón, porque todos sus pecados fueron perdonados.
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La detención de Walter Javier Olivera Valladares, exvocero del gobierno de Campeche en la administración de Alejandro Moreno, salpica al sobrino de la actual gobernadora, Gerardo Sánchez Sansores, quien fue asesor del hoy senador y dirigente nacional del tricolor.
Olivera Valladares fue detenido hace unos días acusado del desvío de 16 millones de pesos, a través de la unidad de comunicación social del gobierno del estado.
En una declaración firmada, el exvocero aseguró que los únicos responsables del desvío por el que se encuentra detenido son la exsecretaria de Finanzas del gobierno estatal, América del Carmen Azar Pérez, y su esposo Sánchez Sansores, sobrino de la hoy gobernadora Layda Sansores, quien se desempeñó como asesor de Moreno.
Olivera asegura que todas las partidas presupuestales de la unidad de comunicación eran autorizadas “de manera verbal’’, por la pareja de esposos.
En su defensa entregó al juez de la causa una USB con la que trata de probar sus dichos.
Claro, el juez tendrá que analizarlas y aceptarlas antes de hacer una valoración de la responsabilidad de Pérez y Sánchez, sobre quienes ya pesaban señalamientos de malos manejos.
A ver.
@adriantrejo
