Los diputados de Morena y sus rémoras, aprobaron en San Lázaro una nueva Ley de Obras Públicas, que, pese a que quisieron envolverla en oropel, simplemente dificulta (y en algunos casos imposibilita) que el pueblo bueno y sabio conozca a quién se asignan los multimillonarios contratos de la administración pública federal.
El gobierno de la transparencia, decidió que las Fuerzas Armadas, a las que se les han asignado los contratos de las obras emblemáticas de la 4T, como el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Tren Transístmico, así como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad no tendrán la obligación de transparentar la información de las obras a su cargo.
La reforma, opaca desde su origen, no debía causar extrañeza.
Durante el sexenio de López Obrador, el 80% de los contratos de la administración pública fueron asignados de manera directa; un porcentaje menor fue por invitación a la licitación y solo entre el 8 y el 10% fueron adjudicados por licitación nacional o internacional.
Es decir, 8 de cada 10 contratos, fueron entregados a empresas “privilegiadas’’, sin que ello le haya generado mayor preocupación al gobierno que, justamente, criticó esa práctica durante sus múltiples campañas.
La nueva ley en la materia incorpora además, figuras de negociación que, si hubieran sido propuestas por la oposición, de corrupta no la hubieran bajado.
Imagínese que una empresa podrá, durante el proceso de licitación, ofrecer descuentos después de su primera oferta.
Y si eso no fuera suficiente, también se incluyen los “diálogos estratégicos’’ en los que los contratistas y los funcionarios de gobierno podrán ponerse de acuerdo sobre costos y otros temas.
El gobierno de la transparencia simplemente allanó el camino para que la práctica que siempre criticaron, ahora tenga validez jurídica.
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Sobre ese tema, habría que echar una mirada, por ejemplo, a los contratos que la Comisión Federal de Electricidad, cuando Manuel Bartlett fue el director, asignó de manera directa a la empresa Jet Van Car Rental, cuyo accionista mayoritario es el empresario Cuauhtémoc Velázquez.
Jet Van Car, creada en el 2004, tuvo su auge en el sexenio de Enrique Peña.
Durante ese periodo, la empresa ganó 6 mil 581 millones de pesos.
Durante el primer año de gobierno de López Obrador, la arrendadora obtuvo contratos por 3,150 millones de pesos, pero en el 2021, fue sancionada por la Secretaría de la Función Pública por incumplir un contrato de arrendamiento con el Servicio de Protección Federal, además de ser multada por 1 millón 433,000 pesos.
El IMSS también la sancionó por incumplir con el arrendamiento de ambulancias (más de 800 y por el que el Instituto pagó más de 440 millones de pesos), ya que los vehículos entregados no contaban con tanques de oxígeno, las sirenas no funcionaban y algunas estaban con golpes en la carrocería.
Eso no impidió que la CFE le asignará directamente, en el último año de López Obrador, 5 contratos, pero a través de una subsidiaria, Automóviles CGE de Zacatecas, por 759 millones de pesos.
Se estima que la administración del Tabasqueño asignó contratos por cerca de 12,000 millones de pesos a la arrendadora preferida.
Transparencia, decían.
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El gobierno del estado de México ha detectado una campaña, dicen, para descarrilar los avances que en materia de reordenamiento vial se han logrado durante la administración de Delfina Gómez.
Además de pegarle a la gobernadora, también está en la mira el secretario de Movilidad, Daniel Sibaja, que pese a ello se mantiene firme en el cargo.
@adriantrejo
