Tal parece que en Palacio Nacional confían –y quieren– que, como resultado de las elecciones del Poder Judicial, surja una presidenta en la Suprema Corte de Justicia… Después del maltrato a Norma Piña, como primera ministra como cabeza de ese Poder, por diferencias con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, consideran que sería lo mejor.
Y es que de la supuesta complicidad de jueces con la delincuencia organizada, ya se tenía conocimiento desde el inicio del sexenio, pero al ministro Arturo Zaldívar no se le molestó con ese tema y él comenzó a denunciarlo ya que estaba fuera.
El 1 de diciembre de 2018, de acuerdo con información confidencial de la Sedena, el secretario de la defensa entrante, Luis Crescencio Sandoval recibió una carpeta con datos, a partir de 2016, en el que se mencionaban varios casos de presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, liberados por presunta corrupción de juzgadores.
Pero ese discurso se comenzó a materializar y a utilizar desde el Ejecutivo, una vez que Norma Piña tomó posesión como presidenta de la Suprema Corte, concentrando en ella todas las acusaciones de las que cuatro años antes ya se había recibido información.
Y en este contexto y a dos meses de que los mexicanos acudan a las urnas para elegir a los nuevos integrantes del Poder Judicial, así parecen perfilarse las cosas: la Suprema Corte de Justicia de la Nación estrenará, como resultado de la primera elección judicial de la historia, una nueva estructura; en la que su pleno pasará de 11 a tan sólo nueve integrantes. De entrada, la paridad constitucional obliga a que cinco espacios sean para mujeres y cuatro para hombres.
Los reflectores están sobre las tres candidatas a ministras que buscan repetir en el encargo, no solo por ser claras simpatizantes y hasta militantes de la denominada 4T, movimiento que encabeza el Poder Ejecutivo y el Legislativo, sino por la ventaja mediática que llevan: Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortiz Ahlf.
Y es así que se da por hecho que tan sólo quedan dos lugares para mujeres ministras –si el aparato no funciona o decide otra cosa–.
Entre los nombres que más destacan está la sonorense Zulema Mosri, actualmente magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o Dora Alicia Martínez, muy cercana al duopolio de las televisoras, y a Jazmín Bonilla, a quien vinculan con la actual ministra presidenta de la Suprema Corte. Tampoco podemos olvidar en este grupo a la hija de la exministra Olga Sánchez Cordero, la magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero, quien a través de las notarías de su familia mueve muchos intereses del sector empresarial.
Del lado del oficialismo se empuja, además de a por lo menos dos de las tres ministras en funciones, a perfiles como el de Fabiana Estrada Tena y Ana María Ibarra Olguín, quienes por cierto tienen el apoyo de un buen número de gobernadores del propio partido.
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