La Ciudad de México está a punto de enfrentar una elección sin precedentes: por primera vez, la ciudadanía elegirá de manera directa a magistraturas y personas juzgadoras del Poder Judicial local. Aunque el objetivo de democratizar el acceso a la justicia es loable, el diseño de este nuevo modelo electoral presenta retos importantes que no pueden pasar desapercibidos.
El pasado 18 de marzo se aprobaron diversos acuerdos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para definir pasos relevantes de la elección. A diferencia de los procesos tradicionales, el Poder Judicial no se organiza territorialmente, sino por especialidades jurídicas. Aun así, una de las decisiones ha sido dividir a la ciudadanía en 11 Distritos Judiciales Electorales Locales (DJEL). Esto busca facilitar el voto entre más de 630 candidaturas que, de haberse concentrado en una sola circunscripción, habrían implicado un número excesivo de boletas, confusión e imposibilidad real de conocer a todas las personas candidatas.
Esta solución, sin embargo, genera una tensión estructural: la distribución de cargos judiciales debería basarse en la demanda de justicia y no en el número de personas votantes. Algunos distritos concentran más cargos especializados que otros, y en varios casos la ciudadanía sólo podrá votar por candidaturas de ciertas materias jurídicas, aunque su necesidad futura de justicia esté en otra. Además, aunque se estableció un criterio de paridad de género, no siempre habrá opciones de hombres y mujeres para cada materia en todos los DJEL.
Otro punto crítico es el diseño de las boletas electorales. Estas presentan listas alfabéticas sin agrupar las candidaturas por materia (aunque se distinguen por colores), y las personas votantes deberán anotar el número de su opción en recuadros en la parte superior. Asimismo, sólo podrán elegir hasta cinco mujeres y cinco hombres entre las candidaturas de su distrito. Nos enfrentamos a una boleta muy distinta a cualquier otro proceso electoral, con un número variable de candidaturas por elegir dependiendo del DJEL. Esto implica un gran desafío pedagógico: se requiere con urgencia una estrategia clara de información para evitar confusión y la anulación involuntaria de votos.
Todavía falta aprobar los lineamientos sobre el cómputo de votos y la forma en que se determinarán las candidaturas ganadoras. Ya se asignaron candidaturas a los DJEL mediante un sistema electrónico aleatorio, lo cual, aunque busca imparcialidad, podría generar desventajas para quienes compitan en distritos con mayor número de votantes o participación ciudadana.
Pese a estos retos, el proceso debe avanzar. Ya se han dado pasos importantes para su operación, pero también es claro que este modelo requiere ajustes.
Esta elección representa un avance hacia una justicia más cercana a las personas. Pero ese avance sólo será significativo si construimos un modelo sólido de cara a 2027. Para este año, vamos tarde. Es momento de corregir distorsiones y sentar las bases de un sistema que responda, verdaderamente, a las necesidades de justicia de nuestra ciudad.
@ErikaStradaRuiz
erika.estrada@iecm.mx
