La Cámara de Diputados aprobó la reforma de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la cual busca combatir actos de corrupción en los procedimientos de compras públicas.
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Con 350 votos a favor, 100 votos en contra, el pleno aprobó la reforma presidencial, que busca lograr una efectiva competencia entre los posibles proveedores e igualdad de circunstancias para los participantes.
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¿Qué objetivo tiene esta ley?
Dicha reforma, señala que la Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza.
También reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Federal de Austeridad Republicana, de la Economía Social y Solidaria y la General de Sociedades Cooperativas.
De igual forma, busca establecer mecanismos específicos que propicien beneficios a grupos de atención prioritaria, promover las compras “verdes” o contrataciones públicas sostenibles, que el sistema de contrataciones públicas de la Administración Pública Federal atienda principios como la equidad e inclusión social, el respeto a los derechos humanos, así como el desarrollo económico.
Entre otras cuestiones, propone la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas y la constitución de la Tienda Digital del Gobierno Federal para adquisiciones de bienes o servicios a través de órdenes de suministro o servicio mediante la Plataforma Digital.
En tanto, armoniza las disposiciones en materia de austeridad republicana a la nueva distribución de competencias, particularmente en lo que respecta a las secretarías Anticorrupción y Buen Gobierno y de Hacienda y Crédito Público.
También, las sociedades cooperativas pueden acceder a los beneficios de la nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se implementa un mecanismo de certificación de las cooperativas y otros organismos del sector social de la economía.
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Plantea flexibilizar la regulación de las sociedades cooperativas para fomentar su constitución y, con ello, la proveeduría nacional con enfoque social.
